Defensoría del Pueblo: Ejecución de gasto para colegios afectados por el fenómeno El Niño no supera el 4.1 %

La Defensoría del Pueblo demanda al Ministerio de Educación (Minedu) priorizar la asignación y ejecución de gasto destinados al mejoramiento y restablecimiento de los servicios o infraestructuras educativas, a través del Programa Presupuestal 0068: “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”. Ello, tras evidenciar que, según la consulta amigable del MEF, lo ejecutado no supera el 4.1 %.

En lo que va del año, el Minedu, a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) asignó S/ 476 785 para la ejecución de 5 proyectos de mejoramiento de la prestación del servicio educativo, así como de 126 proyectos en instituciones educativas seleccionadas para la intervención de las infraestructuras afectadas por el fenómeno El Niño Costero 2017. No obstante, a la fecha, 70 proyectos no registran certificación presupuestaria, siendo este un requisito indispensable para la contratación de bienes y servicios.

Asimismo, 127 no reportan ningún tipo de ejecución de gasto. En tanto, el Minedu tampoco reporta ejecución de gasto del presupuesto asignado para el desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo de los colegios, a cargo del programa de educación básica regular, lo cual no permite conocer en la actualidad las condiciones de seguridad de las escuelas ante la probable ocurrencia de un desastre.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo señala que la gestión de fondos públicos debe estar orientada a resultados con eficiencia y eficacia; para ello, es de vital importancia que se dote de celeridad a la ejecución presupuestaria y a los procesos de contrataciones de bienes y servicios vinculados con los proyectos y actividades del Programa Presupuestal 0068.

Cabe recordar que la Ley n.° 30787 obliga al Estado a la atención prioritaria de los servicios educativos a través de acciones de prevención y reducción de riesgos de la infraestructura educativa, en este sentido la defensora adjunta para la Administración Estatal, Eugenia Fernán-Zegarra, precisó que, “El Estado tiene la obligación de promover que las instituciones educativas estén dotadas de infraestructura adecuada y segura, además de otros elementos esenciales para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes”.

En esa línea, la representante de la Defensoría del Pueblo recalcó que, de acuerdo al Plan Nacional de Infraestructura Educativa, el 42 % de las edificaciones fueron construidas antes de 1998 siendo la antigüedad una de las causas de su alta vulnerabilidad. Además, el 61 % de estas construcciones se encuentra localizada en zonas de amenaza sísmica alta y muy alta.

La Defensoría del Pueblo continuará supervisando el proceso de asignación y ejecución presupuestal destinada a salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, así como del personal que labora en las escuelas. Esta acción defensorial está dirigida a evitar la interrupción de los servicios educativos porque habrá disminuido el riesgo de afectación de la infraestructura por la ocurrencia de algún desastre.