Defensoría del Pueblo exige garantizar derechos de adolescentes gestantes en provincias de Huamalíes, Leoncio Prado y Marañón

Nota de prensa
Más de 120 casos de adolescentes gestantes menores de 17 años de edad se registran hasta el momento, por lo que urge garantizar continuidad educativa.

17 de mayo de 2022 - 2:48 p. m.

El módulo de la Defensoría del Pueblo en Tingo María formuló un llamado a las autoridades de distintos sectores, entre ellos el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora), a fin de abordar, de manera conjunta, la problemática del número elevado de casos de maternidad de adolescentes que se registran en diferentes distritos de las provincias de Leoncio Prado y Huamalíes.

El pedido fue dirigido al término de una supervisión en la que se pudo conocer que, a la fecha, se reportan más de 120 casos de adolescentes menores de 17 años en estado de gestación, de los cuales alrededor del 20 % corresponde a menores de 14 años, por lo que, se presume, podrían configurar posibles delitos de violación sexual, conforme lo señala el ordenamiento normativo del país.

De acuerdo a la información proporcionada por la Red de Salud de Leoncio Prado, los casos se presentan en los distritos de José Crespo y Castillo, Pueblo Nuevo, Pucayacu, Mariano Dámaso Beraún, Hermilio Valdizán, Luyando, Daniel Alomía Robles y Rupa Rupa, en la provincia de Leoncio Prado. Asimismo, en las comunas de Monzón y Santa Rosa de Alto Yanajanca, en Huamalies y Marañón, respectivamente.

Es ante esta situación alarmante que el coordinador del Módulo Defensorial de Tingo María, Jorge Mendoza, se dirigió al jefe del programa Aurora en Huánuco, a quien exhortó a implementar con urgencia el Protocolo de actuación conjunta entre los centros emergencia mujer (CEM) y los establecimientos de salud, aprobado en 2019 y en el que se establecen las pautas para la atención de caos de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar a fin de garantizar el acceso integral y oportuno a los servicios públicos que correspondan. Asimismo, se pidió información respecto a las acciones interpuestas ante el Ministerio Público.

Además, se exigió la intervención de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Leoncio Prado, para que se adopten medidas inmediatas dirigidas a garantizar la continuidad del acceso a clases escolares de las adolescentes gestantes, debido al riesgo de interrupción de los estudios que se presenta en la mayoría de estos casos, conforme lo establece la Ley n.° 29600, Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo, así como en su reglamento y la Guía para promover la continuidad educativa de estudiantes en situación de embarazo y maternidad.

“Recordamos que el Estado está obligado a cumplir y proteger el derecho de acceso a la justicia y la educación de las niñas y adolescentes gestantes víctimas o no de violación sexual, por lo que esperamos una actuación conjunta de todos los sectores y nos mantendremos vigilantes a las acciones de cada institución”, precisó Mendoza.