Defensoría del Pueblo: Se incrementan las protestas y los conflictos en el último mes

La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales n.° 217, correspondiente al mes de marzo y primeros días de abril de 2022, el cual da cuenta –entre otros aspectos– de 208 conflictos sociales registrados (160 activos y 48 latentes). Surgieron seis nuevos conflictos y no se solucionó ninguno.

Respecto al mes anterior, se incorporaron seis nuevos conflictos sociales, cuatro de los cuales son por asuntos de Gobierno nacional. Otros dos son por asuntos de gobierno local y de tipo socioambiental. La tendencia de los casos nuevos presenta un incremento en comparación con el año anterior. Entre enero y marzo de 2021 se reportaron 10 casos nuevos, mientras que entre enero y marzo de 2021 fueron 16.

Uno de los casos nuevos se desarrolló a nivel nacional e involucra a los transportistas de carga pesada, quienes demandan al Gobierno nacional la reducción de los precios de combustibles, la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), la reestructuración de la Sutran, la modificación de la estructura de precios de los peajes, el mejoramiento de infraestructura vial; entre otros. Otro caso se registra en el departamento de Junín, donde los agricultores y ganaderos lecheros demandan al Gobierno nacional la reducción del precio de los fertilizantes e insumos agrícolas, la reducción de los precios de combustibles, reactiva agrario y seguro agrario, y el precio referencial de la leche a S/.1,80.

Un tercer conflicto involucra al Frente de Defensa y Desarrollo de San Martín que reclama la reducción de los precios de gasolina, petróleo, gas, productos de primera necesidad y fertilizantes, resolución y nulidad del contrato del Estado con la empresa Repsol en el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR Cordillera Escalera), la suspensión de las actividades mineras en los distritos Tabalosos y Sacanche; entre otras demandas.

También se reportó un conflicto social nuevo en Lima Metropolitana, donde un grupo de ciudadanas/os y gremios demandan la renuncia del presidente de la República, la solución al alza del costo de los productos de primera necesidad alimentaria, el rechazo al estado de emergencia y a la inmovilización social obligatoria; entre otras.

Por otro lado, se registra un conflicto socioambiental en Junín entre la empresa minera Chinalco Perú S. A. y la comunidad campesina de San Francisco de Asís de Pucará, la cual exige la reposición de trabajadores de la comunidad, oportunidades laborales para los hijos de los comuneros, provisión de bienes y servicios, capacitación a jóvenes de la comunidad y negociación del Convenio Marco. Un sexto conflicto se desarrolla en Cajamarca, donde la comunidad nativa Supayaku demanda al alcalde distrital de Huarango el cumplimiento de compromisos asumidos en julio de 2021 ante la comunidad, los mismos que refieren a mejoras en las calles y construcción de trocha carrozable que conecte a los anexos de Nuevo Kunchin, Suwa, Valencia Saawintsa y Chingozales.

En cuanto a la distribución territorial de los conflictos sociales reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de ellos (29 casos), seguido de Cusco (19) y Áncash (15). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (63.9 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 65.4 %.

Del total de casos activos, el 66.3 % (106 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 82 de ellos. Del conjunto de conflictos en diálogo, el 74.5 % (79 casos) corresponde a casos socioambientales.

En este mes se registraron cuatro personas fallecidas y 146 heridos en el marco de los conflictos sociales. Dos ciudadanos identificados como Alexander Trujillo Nolasco (Huánuco) y Yhony Quinto Contreras (Ica) fallecieron en el marco de los enfrentamientos entre la Policía Nacional, los transportistas y agricultores que acataban un paro. Asimismo, la ciudadana Candy Hinostroza de la Cruz falleció producto de un accidente de tránsito durante el bloqueo de vías en Junín, y una persona menor de edad de iniciales B. J. P. L. falleció al tratar de escapar de un enfrentamiento entre policías y manifestantes, cayendo a un río.

Asimismo, en el marco del paro de transportistas y agricultores se reportaron 32 civiles y 55 policías heridos. Y en el marco de las protestas registradas en Lima Metropolitana del 5 de abril, 22 civiles y 37 policías resultaron heridos.

Se registraron 363 acciones colectivas de protesta en el mes de marzo, la mayor cifra en el último año. La última vez que se reportó una cifra similar fue en noviembre de 2020 (395), mes en el que se registraron protestas en contra de la vacancia presidencial. En este mes, el 21.8 % (79) fueron bloqueos de vías, 32 de los cuales se llevaron a cabo en el marco del paro de transportistas.

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 21 alertas tempranas (ver página 13 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, 6 son conflictos nuevos, 9 son casos activos y 6 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.

Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden acceder a la siguiente dirección electrónica: