Defensoría del Pueblo: Contraloría General de la República debe intervenir ante denuncias contra MTC y Provías Nacional

La Defensoría del Pueblo demandó a la Contraloría General de la República que disponga las acciones necesarias para que los órganos de control institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Provías Nacional realicen las acciones de control que correspondan para verificar las presuntas irregularidades en la elaboración o ejecución de proyectos, y en la contratación de personal mediante órdenes de servicios y CAS, en este gobierno.

A través de diversos informes periodísticos se ha venido denunciando que funcionarios del MTC han estado presionando para la aprobación de proyectos sin el debido procedimiento técnico evaluador. Asimismo, mediante una comunicación anónima, del 2 de marzo último, se denunció ante la Defensoría del Pueblo que en Provías Nacional se estaría contratando irregularmente a personal mediante órdenes de servicios y CAS, señalándose que dichas contrataciones no cuentan con la debida justificación, y que se estarían inventando funciones, duplicando actividades o creando necesidades donde no las hay.

“Nuestra institución solicitó información a ambas entidades. Sin embargo, mediante los oficios n.° 0069-2022-MTC/06 de 28 de febrero de 2022 y n.° 016-2022-MTC/20.1 de 22 de marzo de 2022, tanto el Órgano de Control Institucional del MTC, como el Órgano de Control Institucional de Provias Nacional, han informado que no tiene previsto realizar o priorizar entre sus actividades la identificación de presuntas irregularidades en la elaboración o ejecución de proyectos, ni en la contratación de personal”, explicó el adjunto para la Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado, Mario Atarama.

Para la Defensoría del Pueblo resulta indispensable que toda entidad pública cuente con funcionarias/os con formación académica y experiencia, necesarios para el adecuado ejercicio de la función, a fin de que el servicio pueda ser ejercido con responsabilidad y en resguardo de los derechos fundamentales de la población.

Cabe recordar que en su momento, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, en comunicación dirigida al ministro de Transportes y Comunicaciones, demandó no debilitar la institucionalidad, enfatizó sobre la necesidad de garantizar el adecuado funcionamiento de las entidades de su ámbito competencial, las que deben encontrarse libres de injerencias políticas indebidas; e instando a asumir con responsabilidad la regulación y supervisión del transporte público.

De esta manera, se enfatizó en que dicho ministerio, así como las instancias que dependen de él, como la ATU, Sutran, Provías Nacional, Provías Descentralizado y Promovilidad ejecuten sus funciones con la mayor diligencia y criterios técnicos, con el objetivo de mejorar las condiciones del tránsito y el transporte, así como superar el grave problema de inseguridad vial a nivel nacional.

La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso con la ciudadanía de realizar los esfuerzos que sean necesarios para luchar contra el flagelo de la corrupción y salvaguardar los derechos fundamentales de todas/os las/os peruanas/os.