Defensoría del Pueblo: Minedu debe acelerar entrega de materiales y acondicionamiento de colegios públicos

Nota de Prensa n.° 196/OCII/DP/2022

Al término de una supervisión nacional a 234 instituciones educativas públicas, que tuvo como objetivo conocer las condiciones en que se llevó a cabo el retorno a clases presenciales, la Defensoría del Pueblo advirtió que persisten distintos problemas que afectan el derecho a la educación, muchos de los cuales se encuentran vinculados a demoras en la entrega de materiales educativos, deficiencias en infraestructura y ausencia de medidas sanitarias adecuadas para evitar contagios de COVID-19.

Así quedó plasmado en un documento remitido al Ministerio de Educación (Minedu) en el que se precisan los hallazgos advertidos durante el proceso de supervisión desarrollado entre el 14 y 28 de marzo, fechas en las que se llevó a cabo el inicio progresivo de clases presenciales en la totalidad de planteles del país. Con relación a la distribución de materiales educativos, por ejemplo, se encontró que 40 instituciones educativas no habían recibido los materiales correspondientes a la dotación 2022; mientras que 127 planteles lo habían recibido de manera incompleta. De esta manera, se observó que perduran las deficiencias en la gestión escolar advertidas en febrero último.

Respecto al aseguramiento de las condiciones adecuadas de infraestructura escolar, 55 instituciones educativas supervisadas no habían recibido la transferencia de recursos del programa de mantenimiento; mientras que, en el caso de 154 planteles, si bien habían recibido los recursos, no habían ejecutado ninguna acción de mantenimiento.

Por otra parte, sobre el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad, la supervisión demostró que 90 colegios no habían recibido los kits de prevención de higiene cuya entrega debió ser asegurada por cada dirección regional de educación (DRE) o unidad de gestión educativa local (UGEL). Además, 19 no contaban con información sobre cómo prevenir el COVID-19 en ningún espacio del local escolar y solo en 2 de las 42 escuelas que fueron consideradas como centros de vacunación, se estaba inmunizando contra el COVID-19 a niñas y niños.

De otro lado, en lo que concierne al aseguramiento de la disponibilidad oportuna y completa del personal docente, la supervisión mostró que 53 instituciones educativas tenían aún 164 plazas docentes pendientes de contratar, cifra que resulta mínima en relación a la reportada en una reunión sostenida recientemente con la Dirección General de Desarrollo Docente y la Dirección de Gestión Escolar del Minedu, en la que se informó que la cifra nacional de plazas docentes pendientes de contratar es de 1626 vacantes.

Tras estos hallazgos, la adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán – Zegarra, sostuvo que el cierre de las escuelas produjo un grave impacto en el sistema educativo peruano y en el ejercicio del derecho a la educación de miles de niñas, niños y adolescentes, lo que motivó que la entidad solicite reiteradamente al Minedu disponer el pleno regreso a clases presenciales. No obstante, la supervisión mostró que solo 69 de los 234 colegios públicos supervisados brindaban servicio en la modalidad presencial, es decir, con clases de lunes a viernes, en horario regular de jornada completa, y con aforo completo respetando el distanciamiento físico.

“Evidentemente, en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 resulta fundamental garantizar a la comunidad educativa condiciones adecuadas en los locales escolares, que sean seguros y salubres, lo cual requiere que se ejecuten acciones de mantenimiento en las aulas y en los servicios higiénicos de manera prioritaria, conforme lo señala la directiva que regula el programa de mantenimiento en el año 2022”, sostuvo la representante de la Defensoría del Pueblo quien aseguró que, durante este año, la institución continuará supervisando la gestión escolar en defensa del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.