Defensoría del Pueblo pide a Ministerio Público acelerar investigaciones por muerte de tres jóvenes en Huanta
Nota de prensa
16 de marzo de 2022 - 5:48 p. m.
La Defensoría del Pueblo demandó al Ministerio Público de Huanta acelerar las investigaciones en torno al supuesto crimen de tres jóvenes ocurrido recientemente en la Comunidad de Chunyacc, en el distrito de Uchuraccay, Ayacucho.
De acuerdo a los primeros indicios, la muerte de los tres jóvenes habría sido perpetrada por comuneros del lugar, tras ser encontrados en presunta flagrancia delictiva; sin embargo, pese a que los hechos habrían ocurrido el jueves 10 de marzo, fue recién el día viernes que un grupo de fiscales se apersonó al sector de Pucaccasa, luego del pedido formulado por la sede defensorial, para que se inicien las respectivas investigaciones a efecto de determinar a las/os autoras/es.
En efecto, en atención a este caso, el coordinador del Módulo Defensorial de Huanta, Richard Olivares, informó que su despacho solicitó al fiscal coordinador de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huanta, Carlos Flores Barboza, disponga las acciones preliminares necesarias al respecto, conforme a su rol de titular de la acción penal.
En respuesta al pedido formulado por la Defensoría del Pueblo, un equipo de fiscales se dirigió a la zona en la que habrían sido enterrados los cuerpos de las víctimas para iniciar las labores de ubicación de los mismos. “No obstante, es necesario que estas acciones se intensifiquen y que, paralelamente, se lleven a cabo las diligencias propias de una investigación penal”, agregó Olivares.
De igual forma se informó que, de acuerdo a la queja formulada ante la sede defensorial por el padre de una de las víctimas, se trataría de un crimen contra estos tres jóvenes, quienes harían sido encontrados en actitudes sospechosas vinculadas a los delitos de asalto y robo. Además, existiría la sospecha que los miembros de la citada comunidad actuaron de dicha forma por la desconfianza que existe hacia las autoridades fiscales y policiales, por considerar que hechos similares ocurridos anteriormente no recibieron un debido tratamiento.
Para la Defensoría del Pueblo, la vida, el cuerpo y la salud de todas las personas constituyen bienes jurídicos que se encuentran garantizados en la Constitución Política. En ese sentido, el representante de esta institución en Huanta precisó que, si bien las personas pueden ser detenidas en flagrancia delictiva dentro de la figura del arresto ciudadano, bajo ningún supuesto, puede permitirse que sea la propia población la que determine el tipo de sanción a aplicar, pues existen instituciones constitucionalmente facultadas para investigar cualquier hecho de naturaleza penal.
Por otro lado, ante los constantes asaltos y asesinatos que vienen ocurriendo en la provincia de Huanta, se instó al alcalde provincial, Renol Pichardo Ramos, a convocar a una reunión extraordinaria a los miembros del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, a fin de tratar esta problemática y adoptar acciones conjuntas dirigidas a prevenir hechos similares en la población.