Defensoría del Pueblo solicita intervención del Ministerio Público ante demoras en obras del Hospital de Apoyo de Iquitos

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto solicitó al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto disponer el inicio de las acciones preventivas que correspondan frente a la situación de vulnerabilidad y riesgo para la integridad y vida de las personas usuarias de los servicios de salud y de todas/os las/os trabajadoras/es que laboran en el Hospital de Apoyo Iquitos César Garayar García, que actualmente funciona en el antiguo Hospital Militar Santa Rosa del Ejército Peruano.

Como se sabe, desde el año 2017, se iniciaron las obras del nuevo hospital de apoyo, habiendo anunciado que se entregaría en febrero de 2022; sin embargo, debido a los retrasos injustificados en la ejecución de la obra e irregularidades advertidas por la Contraloría de la República, hasta el momento no hay fecha cierta para la culminación de la infraestructura del nuevo nosocomio.

Este retraso ha generado la falta de atención de las medidas preventivas y de mantenimiento de la infraestructura que ocupan, originando graves deficiencias en las conexiones eléctricas, filtraciones en los techos y ambientes precarios para la prestación de los servicios de salud.

Asimismo, se tomó conocimiento que el 15 de septiembre de 2021, un informe de evaluación determinó respecto a la seguridad estructural que “no cumple con los estándares básicos de seguridad y calidad de edificaciones”, encontrándose en una situación crítica, y en una condición no apta para el funcionamiento de un hospital.

“Tras supervisar las instalaciones donde funciona actualmente el hospital se recomendó al director regional de salud de Loreto, adoptar las acciones urgentes para mejorar las condiciones en la prestación de los servicios de salud, pero se nos informó que ante la proximidad a que en el mes de febrero de 2022 entregarían el nuevo hospital, no podrían ser aplicadas. No obstante, ahora indican que la entrega se realizará en el mes de octubre”, precisó Abel Chiroque, jefe de la Oficina Defensorial de Loreto.

Ante esta situación, la institución ha solicitado al Ministerio Público adoptar las acciones que correspondan en mérito a sus atribuciones a fin de que se vele por los derechos a la vida y a la salud de más de 68 000 personas que acuden a este establecimiento de salud.