Defensoría del Pueblo: Minsa debe realizar modificaciones a la regulación de la atención médica de emergencia
Nota de prensaNormativa no contempla la cobertura de atenciones posteriores a la estabilización.
Fotos: Defensoría del Pueblo
19 de febrero de 2022 - 4:22 p. m.
Nota de Prensa n.° 106/OCII/DP/2022
La Defensoría del Pueblo reiteró al Ministerio de Salud (Minsa) la necesidad de realizar una actualización o modificación de la normatividad que garantiza el derecho a recibir atención en una situación de emergencia y establece la obligación de los establecimientos de salud de garantizarla, independientemente del seguro que tengan las personas.
Al respecto, en mayo de 2021, la institución formuló una serie de recomendaciones al Minsa y al Seguro Social de Salud (EsSalud) a fin de que se asegure la atención médica sin restricciones y no afectar la economía de las personas y sus familiares, sobre todo en el contexto de la pandemia.
La reiteración del pedido se realizó al observar, entre otros aspectos, que la regulación actual no prevé la cobertura de las atenciones u hospitalizaciones derivadas de la emergencia; por lo que, si una persona requiere atención inmediata posterior (como internamiento, cuidados intensivos, etc.) y no es posible su traslado a un establecimiento de salud de su seguro público -EsSalud o Seguro Integral de Salud (SIS)- debe asumir los costos de atención, pese a su afiliación.
De la misma forma, se debe recordar que se encuentran pendientes de regulación el proceso de reembolso de las atenciones de emergencia de los establecimientos de salud a otras aseguradas públicas, los plazos previstos para tal efecto, así como establecer el carácter obligatorio para que los hospitales reporten la atención de emergencia a las aseguradoras públicas de las personas. La falta de regulación permite que el costo de las atenciones se traslade a la persona.
De otro lado, también se llamó la atención por la falta de cobertura de las atenciones de emergencia de las personas afiliadas al SIS en establecimientos privados. Existe una demora en la regulación de un decreto legislativo del año 2017, debido a esta ausencia si una persona afiliada a dicho seguro presenta una situación de emergencia y acude a un establecimiento privado, deberá asumir el costo de la atención.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo precisó que el Minsa le informó en el 2021 que elaboraría una propuesta de un decreto supremo para superar los inconvenientes expuestos; sin embargo, resulta necesario que la misma se pueda priorizar debido a su relevancia y el impacto que puede tener sobre la atención de emergencia en el país.
La Defensoría del Pueblo reiteró al Ministerio de Salud (Minsa) la necesidad de realizar una actualización o modificación de la normatividad que garantiza el derecho a recibir atención en una situación de emergencia y establece la obligación de los establecimientos de salud de garantizarla, independientemente del seguro que tengan las personas.
Al respecto, en mayo de 2021, la institución formuló una serie de recomendaciones al Minsa y al Seguro Social de Salud (EsSalud) a fin de que se asegure la atención médica sin restricciones y no afectar la economía de las personas y sus familiares, sobre todo en el contexto de la pandemia.
La reiteración del pedido se realizó al observar, entre otros aspectos, que la regulación actual no prevé la cobertura de las atenciones u hospitalizaciones derivadas de la emergencia; por lo que, si una persona requiere atención inmediata posterior (como internamiento, cuidados intensivos, etc.) y no es posible su traslado a un establecimiento de salud de su seguro público -EsSalud o Seguro Integral de Salud (SIS)- debe asumir los costos de atención, pese a su afiliación.
De la misma forma, se debe recordar que se encuentran pendientes de regulación el proceso de reembolso de las atenciones de emergencia de los establecimientos de salud a otras aseguradas públicas, los plazos previstos para tal efecto, así como establecer el carácter obligatorio para que los hospitales reporten la atención de emergencia a las aseguradoras públicas de las personas. La falta de regulación permite que el costo de las atenciones se traslade a la persona.
De otro lado, también se llamó la atención por la falta de cobertura de las atenciones de emergencia de las personas afiliadas al SIS en establecimientos privados. Existe una demora en la regulación de un decreto legislativo del año 2017, debido a esta ausencia si una persona afiliada a dicho seguro presenta una situación de emergencia y acude a un establecimiento privado, deberá asumir el costo de la atención.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo precisó que el Minsa le informó en el 2021 que elaboraría una propuesta de un decreto supremo para superar los inconvenientes expuestos; sin embargo, resulta necesario que la misma se pueda priorizar debido a su relevancia y el impacto que puede tener sobre la atención de emergencia en el país.