Defensoría del Pueblo reitera a UGEL Coronel Portillo necesidad de fiscalizar gratuidad de la educación pública

Nota de prensa
• En supervisión se detectaron dos colegios en los que se condicionaba matrícula escolar al pago indebido de diversos conceptos.

Fotos: Defensoría del Pueblo

22 de febrero de 2022 - 6:23 p. m.

Nota de Prensa n.° 112/OCII/DP/2022

En supervisión a las condiciones para el inicio del año escolar 2022, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali detectó los casos de dos instituciones educativas públicas en las que se venía condicionando el proceso de matrícula al pago de diversos conceptos. En uno de ellos, incluso, la suma de los montos hacía un total de 25 soles que se exigían a padres y madres de familia pese a que la educación gratuita es un derecho amparado en la Constitución Política, por lo que se solicitó la intervención inmediata de las autoridades de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Coronel Portillo.
En el primer caso se trata de la institución educativa El Arenal, ubicada en el distrito de Callería, donde se pudo advertir que los cobros indebidos consistían en 2 soles para la adquisición de micas y 5 soles para mantenimiento de purificador de agua. Asimismo, se venía exigiendo 5 soles para mantenimiento de la sala de cómputo y de áreas verdes. La adquisición de libretas de notas tenía un valor de 4 soles, mientras que las insignias costaban la misma suma. Finalmente, se pedía el pago de 5 soles para la compra de implementos en los cursos de educación física y arte.
Todo ello hacía un total de 25 soles que debían ser abonados como paso previo para la matrícula de las y los estudiantes. En efecto, durante la supervisión pudo observarse a más de 40 padres y madres de familia efectuando dicho pago, pese a constituir un cobro irregular que atenta contra los derechos de acceso a la educación y a la gratuidad de la educación pública.
Para ello, se había conformado una fila en un espacio del plantel donde el personal administrativo cobraba los distintos montos, a cambio de lo cual se entregaba una boleta de venta a nombre de la institución educativa, que era el requisito final para que padres y madres de familia pudieran dirigirse a la dirección del colegio a matricular a sus hijos e hijas.
Tras esta irregular actitud de parte de las autoridades del plantel, personal de la Oficina Defensorial de Ucayali alertó que los cobros eran ilegales, por lo que se exigió cesar con la medida y proceder con la devolución del dinero a los padres y madres de familia presentes. El pedido fue acatado de manera inmediata por el director de la institución educativa, que dispuso el reintegro del dinero que había sido cobrado de manera ilegal a las personas que se encontraban en el lugar. Además, se comprometió en hacer lo mismo con los padres y madres a los que ya se había cobrado dicho monto.
El recorrido comprendió también a la institución educativa La Inmaculada, ubicada en el mismo distrito, donde se pudo observar una situación similar. En el lugar, se exigía a padres y madres de familia el pago de diversos montos para la entrega de boletas de notas, fichas de matrícula y folders. Ante la intervención de personal de la sede defensorial de Ucayali, la directora del plantel dispuso el cese inmediato de la ilegal medida.
Tras advertir estas dos situaciones, la jefa de la Oficina Defensorial de Ucayali, Katheryne Chamoly, reiteró a la UGEL Coronel Portillo la obligación que tiene dicha entidad en desarrollar labores de supervisión constantes a fin de velar por la gratuidad de la enseñanza en todas las instituciones públicas que se encuentran bajo su ámbito territorial. La representante de la Defensoría del Pueblo informó que, por ejemplo, el colegio El Arenal cuenta con 1700 estudiantes, por lo que las sumas que se habrían cobrado hasta antes de la supervisión constituyen un monto cuantioso cuyo origen es irregular. Ante ello, demandó a las autoridades de la UGEL local salvaguardar el derecho a la educación de miles de niñas y niños de la localidad.