Defensoría del Pueblo: las UGEL de Puno deben supervisar la gestión de colegios públicos ante reinicio de clases presenciales 2022
Nota de prensaEn supervisión a cinco colegios públicos de la provincia de San Román- Juliaca se detectó que no habían recibido material educativo del Ministerio de Educación.

Fotos: Defensoría del Pueblo
18 de febrero de 2022 - 5:19 p. m.
Nota de Prensa n.° 105/OCII/DP/2022
Ante el reinicio de las clases presenciales y semipresenciales, el módulo de la Defensoría del Pueblo en Juliaca demandó a las unidades de gestión educativa local (UGEL) San Román, Azángaro, Melgar Ayaviri, Lampa y San Antonio de Putina adoptar las medidas necesarias y urgentes a fin de que las instituciones educativas públicas de sus ámbitos territoriales actualicen su Plan Anual de Trabajo, que incorpore modalidades de servicio, turnos y horarios, organización en aula, recreos, número de estudiantes, listado de docente según modalidad de servicio y por condición de grupo de riesgo, entre otros.
Ante el reinicio de las clases presenciales y semipresenciales, el módulo de la Defensoría del Pueblo en Juliaca demandó a las unidades de gestión educativa local (UGEL) San Román, Azángaro, Melgar Ayaviri, Lampa y San Antonio de Putina adoptar las medidas necesarias y urgentes a fin de que las instituciones educativas públicas de sus ámbitos territoriales actualicen su Plan Anual de Trabajo, que incorpore modalidades de servicio, turnos y horarios, organización en aula, recreos, número de estudiantes, listado de docente según modalidad de servicio y por condición de grupo de riesgo, entre otros.
Este instrumento de gestión es relevante porque contiene la relación de actividades pedagógicas, administrativas e instituciones que cada colegio tiene previsto desarrollar durante el año escolar. La formulación adecuada de dicho documento permite una gestión escolar ordenada y facilita el cumplimiento del rol de supervisión que tiene las UGEL sobre labor de las instituciones educativas públicas.
Al respecto, durante la presente semana el módulo defensorial en Juliaca advirtió en una supervisión que la I. E. I. n.° 205, I. E. P. n.° 71014 Manuel Núñez Butrón, I. E. P. n.° 71016 María Auxiliadora, I. E. S. José Antonio Encinas e I. E. S. Pedro Vilcapaza, no cuentan con un Plan Anual de Trabajo actualizado.
Por otro lado, en la visita a los colegios se pudo advertir que tampoco cuentan con los materiales y recursos educativos correspondientes a la dotación para el año escolar 2022, distribuidos por el Ministerio de Educación. Además, no han recibido el presupuesto para mantenimiento de la infraestructura y para la adquisición de los kits de higiene.
Asimismo, el coordinador del módulo defensorial en Juliaca, Nivardo Enríquez, precisó que respecto a las medidas de bioseguridad se detectó que no todos colegios cuentan con ventilación adecuada, ya que no todas las ventanas de las aulas se encuentran operativas, no han calculado el aforo máximo del local educativo y no se ha organizado el mobiliario escolar para cumplir con el aforo máximo permitido y el distanciamiento físico.
Por otra parte, la mayoría de las instituciones supervisadas no cuentan con la señalización para prevenir el contagio del COVID-19 y no tienen implementado la estación de lavado de manos, desinfección de manos, entre otros.
Ante ello, el representante de la Defensoría del Pueblo recordó que las UGEL deben disponer personal para que realice supervisiones permanentes del cumplimiento de las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas de su ámbito territorial.
“Adicionalmente, en el caso de la provincia de San Román, se ha recomendado a la UGEL coordinar con la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento – SEDA Juliaca S. A. para que garantice el servicio de agua potable en las instituciones educativas, ya que tienen agua solo por horas y el reservorio (tanque de agua) con que cuentan no es suficiente para abastecer a los estudiantes durante la jornada escolar”, señaló Enríquez.
Finalmente, indicó que se hará seguimiento a las recomendaciones efectuadas a fin de que se garantice el derecho a la educación y a la salud de niñas, niños y adolescentes desde el inicio y durante el desarrollo del año escolar 2022.