Defensoría del Pueblo: PNP debe investigar con transparencia presunto tráfico de municiones en Loreto
Nota de prensaEn investigación que se sigue por la incautación de 7 cajas con armamento, que iba a ser enviado a la Comisaría de Soplín Vargas.
Fotos: Defensoría del Pueblo
17 de febrero de 2022 - 3:00 p. m.
Nota de Prensa n.° 097/OCII/DP/2022
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto demandó a la IV Macro Región Policial que disponga acciones para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los principios, deberes y prohibiciones en la investigación sobre presunto tráfico de municiones en agravio del Estado peruano.
Como se recuerda, en el mes de enero, el personal de la PNP fue alertado sobre la presencia de siete cajas sospechosas con excesivo peso en el Grupo Aéreo 42, que iban a ser enviadas a la Comisaría de Soplín Vargas, ubicada en la frontera con Colombia. Al revisar el interior de las cajas, se verificó que contenían 4165 municiones de guerra calibre 7.62 x 51 mm, 250 municiones calibre 380 auto mm y 10 cacerinas de fusil de asalto AKM.
“Recientemente, un medio de comunicación alertó que el jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía (Depincri), quien a su vez se desempeña como jefe de la Sección de Seguridad de Fronteras, a la que pertenece la Comisaría de Soplin Vargas, es quien viene investigando el caso de presunto tráfico de municiones. Incluso se advierte que, como parte de la investigación, viene solicitándose a sí mismo información sobre el caso”, precisó Abel Chiroque, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto.
Ante ello, el representante de la Defensoría del Pueblo recordó que la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, establece que todo funcionario debe de actuar bajo el principio de probidad, actuar con honradez y honestidad; y bajo el deber de neutralidad, es decir con absoluta imparcialidad en el desempeño de sus funciones. Por ello, preocupa que el oficial que investiga los hechos sea a la vez el jefe de la Sección de Seguridad de Fronteras, área que viene siendo cuestionada en la denuncia que se encuentra en investigación.
En ese sentido, mediante oficio dirigido al General PNP Santiago Sotil Niño, jefe de la IV Macro Región Policial Loreto, recomendó disponer las acciones y medidas correctivas para que las investigaciones por el presunto delito de tráfico de municiones de la Policía Nacional de Perú se realicen teniendo en cuenta el interés público y los principios, deberes y prohibiciones establecidas en el Código de Ética de la Función Pública. La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto se mantendrá vigilante al desarrollo de las investigaciones, a fin de que se puedan esclarecer los hechos e identificar a los presuntos responsables.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto demandó a la IV Macro Región Policial que disponga acciones para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los principios, deberes y prohibiciones en la investigación sobre presunto tráfico de municiones en agravio del Estado peruano.
Como se recuerda, en el mes de enero, el personal de la PNP fue alertado sobre la presencia de siete cajas sospechosas con excesivo peso en el Grupo Aéreo 42, que iban a ser enviadas a la Comisaría de Soplín Vargas, ubicada en la frontera con Colombia. Al revisar el interior de las cajas, se verificó que contenían 4165 municiones de guerra calibre 7.62 x 51 mm, 250 municiones calibre 380 auto mm y 10 cacerinas de fusil de asalto AKM.
“Recientemente, un medio de comunicación alertó que el jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía (Depincri), quien a su vez se desempeña como jefe de la Sección de Seguridad de Fronteras, a la que pertenece la Comisaría de Soplin Vargas, es quien viene investigando el caso de presunto tráfico de municiones. Incluso se advierte que, como parte de la investigación, viene solicitándose a sí mismo información sobre el caso”, precisó Abel Chiroque, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto.
Ante ello, el representante de la Defensoría del Pueblo recordó que la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, establece que todo funcionario debe de actuar bajo el principio de probidad, actuar con honradez y honestidad; y bajo el deber de neutralidad, es decir con absoluta imparcialidad en el desempeño de sus funciones. Por ello, preocupa que el oficial que investiga los hechos sea a la vez el jefe de la Sección de Seguridad de Fronteras, área que viene siendo cuestionada en la denuncia que se encuentra en investigación.
En ese sentido, mediante oficio dirigido al General PNP Santiago Sotil Niño, jefe de la IV Macro Región Policial Loreto, recomendó disponer las acciones y medidas correctivas para que las investigaciones por el presunto delito de tráfico de municiones de la Policía Nacional de Perú se realicen teniendo en cuenta el interés público y los principios, deberes y prohibiciones establecidas en el Código de Ética de la Función Pública. La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto se mantendrá vigilante al desarrollo de las investigaciones, a fin de que se puedan esclarecer los hechos e identificar a los presuntos responsables.