Defensoría del Pueblo: urgen acciones para prevenir la violencia sexual hacia las mujeres en espacios políticos
Nota de prensaDos casos de violación sexual se encuentran en investigación ante la fiscalía
Fotos: Defensoría del Pueblo
17 de febrero de 2022 - 6:12 p. m.
Nota de Prensa n.° 100/OCII/DP/2022
La Defensoría del Pueblo ha identificado dos casos que involucran a militantes de un partido político en actos de violencia sexual en agravio de sus propias militantes o simpatizantes. Ante esta situación, se está realizando el seguimiento respectivo y solicitando a los operadores de justicia una profunda investigación que permita sancionar a los responsables, además de exhortar a las organizaciones políticas a fin de que adopten medidas preventivas y de atención a las mujeres víctimas de violencia en estos espacios.
El pasado domingo, se hizo de conocimiento el caso de R. M. V. O., quien denunció haber sido víctima de violación sexual por parte del coordinador del equipo de apoyo al partido Perú Libre, en el interior de una vivienda que brindaba hospedaje a los partidarios de dicha organización. Asimismo, relató que un funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ligado al mencionado partido, le ofreció dinero para no hacer la denuncia.
También, en Arequipa, J. M. P. T., militante de la misma organización partidaria denunció a un correligionario por el mismo delito, perpetrado al interior de un local de campaña durante una reunión social. Dicho hecho fue informado a los dirigentes, uno de ellos congresista electo, quienes decidieron ocultarlo, por lo que también están siendo investigados por encubrimiento. El parlamentario, por su lado, se encuentra denunciado ante la Comisión de Ética del Congreso de la República. En ambas situaciones, preocupa que la organización política no haya tomado medidas internas para sancionar a los presuntos agresores o para proteger a las víctimas y que, por el contrario, su posición haya sido la de defenderlos. }
En ese sentido, sumado al hecho de violencia sexual, las acciones adoptadas por ellos han significado también una afectación a los derechos políticos de las víctimas, ya que han reforzado la idea que el ámbito político no es seguro para las mujeres. La Ley n.º 31155, que sanciona el acoso político, señala que este es todo acto que menoscaba el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Por tanto, dispone que los estatutos de las organizaciones políticas deban contener medidas internas para erradicar este tipo de hechos contra sus integrantes y sancionar a los agresores. En esa medida, exhortamos a las organizaciones políticas, especialmente a aquellas que cuentan con integrantes vinculados con hechos de violencia contra la mujer, iniciar los procesos de investigación y sanción pertinentes. De la misma forma, el Congreso de la República debe atender la denuncia hecha por J. M. P. T. con celeridad.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado a los poderes del Estado para luchar contra la violencia hacia las mujeres en todas sus manifestaciones. Además de garantizar que las víctimas accedan a la justicia y se investigue de forma diligente sus denuncias, es necesario que los servidores públicos designados por estas entidades, no tengan antecedentes por este tipo de hechos y estén comprometidos con la igualdad.
La Defensoría del Pueblo ha identificado dos casos que involucran a militantes de un partido político en actos de violencia sexual en agravio de sus propias militantes o simpatizantes. Ante esta situación, se está realizando el seguimiento respectivo y solicitando a los operadores de justicia una profunda investigación que permita sancionar a los responsables, además de exhortar a las organizaciones políticas a fin de que adopten medidas preventivas y de atención a las mujeres víctimas de violencia en estos espacios.
El pasado domingo, se hizo de conocimiento el caso de R. M. V. O., quien denunció haber sido víctima de violación sexual por parte del coordinador del equipo de apoyo al partido Perú Libre, en el interior de una vivienda que brindaba hospedaje a los partidarios de dicha organización. Asimismo, relató que un funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ligado al mencionado partido, le ofreció dinero para no hacer la denuncia.
También, en Arequipa, J. M. P. T., militante de la misma organización partidaria denunció a un correligionario por el mismo delito, perpetrado al interior de un local de campaña durante una reunión social. Dicho hecho fue informado a los dirigentes, uno de ellos congresista electo, quienes decidieron ocultarlo, por lo que también están siendo investigados por encubrimiento. El parlamentario, por su lado, se encuentra denunciado ante la Comisión de Ética del Congreso de la República. En ambas situaciones, preocupa que la organización política no haya tomado medidas internas para sancionar a los presuntos agresores o para proteger a las víctimas y que, por el contrario, su posición haya sido la de defenderlos. }
En ese sentido, sumado al hecho de violencia sexual, las acciones adoptadas por ellos han significado también una afectación a los derechos políticos de las víctimas, ya que han reforzado la idea que el ámbito político no es seguro para las mujeres. La Ley n.º 31155, que sanciona el acoso político, señala que este es todo acto que menoscaba el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Por tanto, dispone que los estatutos de las organizaciones políticas deban contener medidas internas para erradicar este tipo de hechos contra sus integrantes y sancionar a los agresores. En esa medida, exhortamos a las organizaciones políticas, especialmente a aquellas que cuentan con integrantes vinculados con hechos de violencia contra la mujer, iniciar los procesos de investigación y sanción pertinentes. De la misma forma, el Congreso de la República debe atender la denuncia hecha por J. M. P. T. con celeridad.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado a los poderes del Estado para luchar contra la violencia hacia las mujeres en todas sus manifestaciones. Además de garantizar que las víctimas accedan a la justicia y se investigue de forma diligente sus denuncias, es necesario que los servidores públicos designados por estas entidades, no tengan antecedentes por este tipo de hechos y estén comprometidos con la igualdad.