Defensoría del Pueblo: proyecto de ley que limitaría uso de motos lineales debe estar basado en criterios técnicos

Nota de Prensa n.° 092/OCII/DP/2022

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación respecto a la falta de criterios técnicos que existirían en torno al anuncio hecho por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sobre la presentación de un proyecto de ley que busca prohibir la movilización de dos personas en motocicletas lineales como medida para frenar la delincuencia. En ese sentido, instó al Ejecutivo a evaluar si, efectivamente, dicha medida contribuirá a reducir los elevados índices de delincuencia que se registran en Lima, Callao y otras ciudades. Asimismo, pidió que la iniciativa sea discutida en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

Para la Defensoría del Pueblo, la inseguridad ciudadana en sus diversas manifestaciones merece una especial atención, toda vez que afecta la vigencia de derechos de primer orden como la vida, la integridad y la libertad, perjudicando también la estabilidad y el desarrollo de la nación. Sin embargo, el diseño e implementación de cualquier política en esta materia debe partir de diagnósticos e indicadores claros sobre las causas que originan determinadas conductas ilícitas, a fin de alcanzar objetivos positivos y de impacto real contra la criminalidad y sin apartarse de un enfoque de los derechos humanos.

En ese sentido, la propuesta que busca evitar que dos personas circulen en una moto lineal debe basarse en información sobre la incidencia y las modalidades delictivas en las que se hace uso de esta clase de vehículos según las distintas regiones, provincias y distritos. De lo contrario, se afectaría indebidamente el derecho al libre tránsito y demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y en las normas internacionales que regulan los derechos humanos.

Así lo sostiene el jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, Carlos Fernández, quien explica que nada impide que las personas que cometen conductas ilícitas se trasladen en otros tipos de vehículos motorizados, por lo que se debe apostar más bien por el fortalecimiento de las acciones de fiscalización, control y sanción respecto a los requisitos y normas que deben cumplirse para el uso de dichas unidades, a través de un mejoramiento de las labores de la Policía Nacional y de las municipalidades provinciales.

Por su parte, la adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, considera que la iniciativa afectaría indebidamente el derecho de libre tránsito de los motociclistas formales, al ser una medida que no necesariamente contribuiría con la reducción de la inseguridad. Por el contrario, señala que contribuiría con la estigmatización de quienes se desplazan en estos vehículos, asociándolos con el crimen, cuando la realidad muestra que este tipo de vehículos son muy usados con fines de transporte particular y comercial en todo el país, especialmente por personas que no cuentan con recursos para adquirir otro tipo de vehículo, así como en ciudades de la Amazonía peruana.

“De allí la necesidad de que, dentro de un estado de derecho, las iniciativas o medidas públicas que pretenden adoptarse, sean el resultado de un análisis objetivo, técnico y de respeto de los derechos humanos, que respondan además al legítimo interés de promover el bienestar de la población, en especial de las personas más vulnerables”, sostuvo.

Tras advertir que en los años 2013 y 2017 se presentaron proyectos de ley similares que no prosperaron, ambos representantes de la Defensoría del Pueblo informaron que actualmente se encuentra en trámite un proyecto de ley similar en el Congreso de la República. Ante ello, se instó al Ejecutivo a que este tipo de estrategias que buscan hacer frente a la criminalidad sean previamente discutidas en espacios multisectoriales como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que lo integran la presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios del Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables; y de Economía y Finanzas, así como el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Instituto Nacional Penitenciario y la Asociación de Municipalidades del Perú, entre otras instituciones.