Defensoría del Pueblo: UGEL Coronel Portillo debe suspender cobro irregular por formularios a docentes
Nota de prensaEntidad viene exigiendo el pago de 2 soles para acceder a formularios cuya distribución es gratuita, afectando a cerca de 1800 docentes.
Fotos: Defensoría del Pueblo
11 de febrero de 2022 - 4:14 p. m.
Nota de Prensa n.° 084/OCII/DP/2022
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali demandó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Coronel Portillo dejar sin efecto el cobro irregular de 2 soles que se viene exigiendo a las y los docentes que se acercan a dicha entidad para acceder al formulario que les permita postular al proceso de contratación docente que viene desarrollándose ante la proximidad del inicio de clases escolares.
El pedido fue dirigido al término de una supervisión a 21 instituciones educativas, que permitió detectar que, al menos en diez de ellas, se viene exigiendo el pago por derecho de tramitación de 11 procedimientos cuya entrega debe ser gratuita. No obstante, esta situación también pudo ser advertida en la propia sede de la UGEL de Coronel Portillo, hasta donde llegaron representantes de la sede defensorial de Ucayali. Al dirigirse a la oficina de caja, se pudo comprobar que personal de la entidad viene cobrando 2 soles por la entrega del formulario de solicitud de contratación a todas y todos los docentes que lo solicitan, pese a que este pago no se encuentra contemplado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado por el Gobierno Regional de Ucayali.
Dicho cobro afecta el derecho de acceso a la función pública, limitando la libertad de participar en el concurso público de méritos al pago de dinero. De acuerdo a la información recogida por la Oficina Defensorial de Ucayali, el cobro irregular de dicho monto se estaría realizando en función a una resolución dictada el año pasado por la propia UGEL de Coronel Portillo, que aprobó el tarifario para diversos servicios educativos, entre ellos la obtención del formulario único de trámite. No obstante, la medida no tendría base legal y se contrapondría a lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo, que señala que el empleo de formularios debe ser de libre reproducción y su distribución debe ser gratuita, por lo tanto, el servicio que viene brindando la entidad debe darse sin pago alguno de por medio. Así lo manifestó la jefa de la Oficina Defensorial de Ucayali, Katheryne Chamoly, en el documento dirigido a la UGEL de Coronel Portillo, en el que precisa que el cobro irregular para acceder a un documento cuya entrega debe ser gratuita viene perjudicando a cerca de 1800 postulantes a las plazas docentes.
En el documento, la representante de la Defensoría del Pueblo solicitó a la entidad disponer la suspensión inmediata de cualquier cobro que no se encuentre contemplado en norma de rango legal o reglamentario, así como en normativa interna del Gobierno Regional. De otro lado, Chamoly exigió también a la Dirección Regional de Educación de Ucayali supervisar a las UGEL de su jurisdicción a fin de que se garantice la libre reproducción y distribución gratuita de formularios y otros documentos en todas las instituciones educativas y dependencias a su cargo, para cautelar los derechos de docentes y estudiantes de toda la región.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali demandó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Coronel Portillo dejar sin efecto el cobro irregular de 2 soles que se viene exigiendo a las y los docentes que se acercan a dicha entidad para acceder al formulario que les permita postular al proceso de contratación docente que viene desarrollándose ante la proximidad del inicio de clases escolares.
El pedido fue dirigido al término de una supervisión a 21 instituciones educativas, que permitió detectar que, al menos en diez de ellas, se viene exigiendo el pago por derecho de tramitación de 11 procedimientos cuya entrega debe ser gratuita. No obstante, esta situación también pudo ser advertida en la propia sede de la UGEL de Coronel Portillo, hasta donde llegaron representantes de la sede defensorial de Ucayali. Al dirigirse a la oficina de caja, se pudo comprobar que personal de la entidad viene cobrando 2 soles por la entrega del formulario de solicitud de contratación a todas y todos los docentes que lo solicitan, pese a que este pago no se encuentra contemplado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado por el Gobierno Regional de Ucayali.
Dicho cobro afecta el derecho de acceso a la función pública, limitando la libertad de participar en el concurso público de méritos al pago de dinero. De acuerdo a la información recogida por la Oficina Defensorial de Ucayali, el cobro irregular de dicho monto se estaría realizando en función a una resolución dictada el año pasado por la propia UGEL de Coronel Portillo, que aprobó el tarifario para diversos servicios educativos, entre ellos la obtención del formulario único de trámite. No obstante, la medida no tendría base legal y se contrapondría a lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo, que señala que el empleo de formularios debe ser de libre reproducción y su distribución debe ser gratuita, por lo tanto, el servicio que viene brindando la entidad debe darse sin pago alguno de por medio. Así lo manifestó la jefa de la Oficina Defensorial de Ucayali, Katheryne Chamoly, en el documento dirigido a la UGEL de Coronel Portillo, en el que precisa que el cobro irregular para acceder a un documento cuya entrega debe ser gratuita viene perjudicando a cerca de 1800 postulantes a las plazas docentes.
En el documento, la representante de la Defensoría del Pueblo solicitó a la entidad disponer la suspensión inmediata de cualquier cobro que no se encuentre contemplado en norma de rango legal o reglamentario, así como en normativa interna del Gobierno Regional. De otro lado, Chamoly exigió también a la Dirección Regional de Educación de Ucayali supervisar a las UGEL de su jurisdicción a fin de que se garantice la libre reproducción y distribución gratuita de formularios y otros documentos en todas las instituciones educativas y dependencias a su cargo, para cautelar los derechos de docentes y estudiantes de toda la región.