Defensoría del Pueblo detecta cobros indebidos en proceso de matrícula de al menos 13 colegios públicos de Ucayali

Nota de Prensa n.° 044/OCII/DP/2022

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali llevó a cabo una supervisión sobre el proceso de matrícula que se viene desarrollando en 21 instituciones educativas públicas ubicadas en la provincia de Coronel Portillo, al término de la cual formuló diversas recomendaciones que buscan garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y la gratuidad de la enseñanza pública. La supervisión comprobó que, en más de la mitad de los planteles supervisados, se viene efectuando cobros indebidos para proceder con la matrícula de las y los estudiantes.

En efecto, durante el recorrido pudo evidenciarse que en 10 colegios públicos se exigía el pago de diversas sumas por conceptos como la obtención del formulario único de trámite, certificados de conducta, retiros de documentos, libretas de notas, constancias de estudios, duplicados de libretas y actas de evaluación.

Asimismo, que en tres instituciones educativas se realizaban cobros por concepto de matrícula. La lista de colegios donde se evidenciaron los cobros indebidos son Miguel Grau, el denominado antes 1220, Agropecuario y Santa Rosa, en el distrito de Callería. Asimismo, las escuelas Oswaldo Lima Ruiz, José Abelardo Quiñones y Nuevo Pucallpa, en Manantay; junto a los planteles José Faustino Sánchez Carrión, Yarinacocha y Diego Ferré Sosa, en el distrito de Yarinacocha. En este último distrito también se detectaron cobros indebidos en los colegios Edita Brito Mayo, La Perla y Elías Aguirre.

Ante ello, la Oficina Defensorial de Ucayali instó a las y los directores de las escuelas a disponer inmediatamente el cese de los pagos indebidos y la devolución del dinero cobrado a padres y madres de familia. Sin embargo, esta no fue la única irregularidad detectada, ya que la supervisión permitió observar que en 14 de las escuelas supervisadas no se cumple con el distanciamiento físico ni el uso correcto de las mascarillas, pese a que son los protocolos aprobados por la autoridad sanitaria para evitar contagios de COVID-19.

Asimismo, en cuatro instituciones educativas, el proceso de matrícula era atendido también por miembros de las asociaciones de padres de familia (Apafa). Entre otras irregularidades, se detectó también que 12 instituciones educativas no habían recibido asistencia técnica ni capacitación de parte del Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación de Ucayali o de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).

Tras estas deficiencias, la jefa de la Oficina Defensorial de Ucayali, Katheryne Chamoly, se pronunció indicando que las UGEL deben velar porque las instituciones educativas públicas no efectúen cobros, requerimientos ni condicionamientos de ningún tipo que afecten el acceso a la educación. Asimismo, que tampoco deben pedir a las familias documentos o requisitos no establecidos en las normas.

En lo referido al rol que cumplen las Apafa, la representante de la Defensoría del Pueblo precisó que son canales institucionales establecidos para posibilitar el derecho de participación que tienen los padres y madres de familia en el proceso educativo de sus hijos e hijas, pero que en ningún momento deben interferir en el proceso de matrícula.

En ese sentido, a través de un documento dirigido a la UGEL de Coronel Portillo, Chamoly exigió que se garantice el derecho a la educación pública gratuita bajo los lineamientos que han sido establecidos por el sector Educación, evitando en todo momento el cobro de dinero por ningún concepto y cumpliendo las medidas sanitarias vigentes.

Además, pidió que se conforme un equipo de trabajo encargado de apoyar en el proceso de matrícula a aquellos padres o madres de familia que no consiguieron vacantes en un colegio determinado.