Defensoría del Pueblo reitera al Gobierno priorizar la reforma del transporte terrestre y evitar medidas contradictorias

Nota de Prensa n.° 1512/OCII/DP/2021

Tras la reciente creación del padrón de prestadores del servicio de transporte de personas en automóvil colectivo, la Defensoría del Pueblo reiteró al Poder Ejecutivo la importancia de se comprometa con una verdadera reforma del servicio de transporte, que privilegie un servicio organizado con unidades de mayor capacidad en aquellas localidades que lo ameriten. Además, exhortó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a orientar su accionar al resguardo de la vida de las/os pasajeras/os y de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto.

La institución señala que es urgente que el MTC establezca criterios que restrinjan la posibilidad de acceder a la autorización para la prestación del servicio de transporte en autos colectivos a situaciones excepcionales debidamente acreditadas, como la evidente insuficiencia de oferta o la inexistencia de un servicio de transporte masivo. Sin embargo, la aprobación del empadronamiento dispuesto por la Resolución Ministerial n.° 1354-2021-MTC/01.02 no contribuye con ese objetivo.

Al respecto, alerta que el solo empadronamiento, en ningún caso debe implicar una autorización para la prestación de este tipo de servicio. Asimismo, enfatiza que el Gobierno nacional tiene la obligación de cautelar y garantizar condiciones mínimas de seguridad en este tipo de transporte para preservar la vida y salud de pasajeras/os (SOAT, revisiones técnicas y protocolos sanitarios).

No obstante, a la fecha, el MTC no ha cumplido con aprobar el reglamento que establezca los requisitos y condiciones técnicas requeridas para el régimen provisional y temporal de formalización del transporte terrestre de pasajeras/os en automóviles colectivos. Para la Defensoría del Pueblo, resulta preocupante que se busque utilizar la información obtenida del empadronamiento para la definición de las condiciones técnicas de acceso y permanencia, dado que estas deben estar en función de los niveles mínimos de calidad para garantizar la seguridad, y no depender de la capacidad de cumplimiento por parte de los actuales transportistas informales.

La institución reiteró que el MTC no debe otorgar ningún tipo de autorización a favor de vehículos que no hayan sido diseñados de fábrica para este fin o que no cuenten con las condiciones mínimas (acreditadas con los certificados de inspecciones técnicas vehiculares), que carezcan del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito o cuyos conductores no cuenten con la licencia correspondiente a la categoría vehicular.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo enfatizó en la importancia de que el Estado disponga medidas urgentes destinadas a la ampliación de la flota vehicular existente en el país destinada a la prestación del servicio de transporte público, la racionalización del uso de las vías públicas para darles preferencia de circulación, el otorgamiento de nuevos subsidios o incentivos que promuevan el ordenamiento, una adecuada formalización y ampliación del transporte público, el incremento de rutas, entre otras medidas.

Finalmente, invocó a la población a priorizar el uso de transporte público en unidades donde se pueda asegurar la distancia mínima entre las/os pasajeras/os con la finalidad de evitar que el transporte público sea un foco de contagio de COVID‑19.