Defensoría del Pueblo: municipios de San Martín deben intensificar fiscalización para evitar fiestas por Navidad y Año Nuevo

A fin de evitar la propagación masiva del COVID-19, especialmente ante la presencia en el país de la variante Ómicron, la oficina de la Defensoría del Pueblo en San Martín instó a las municipalidades provinciales de Rioja, Moyobamba, Juanjuí y Mariscal Cáceres a abstenerse en dar autorizaciones para eventos o actividades sociales por fin de año, que puedan congregar una concurrencia masiva de personas e incumplan las medidas de prevención.

Como parte de las recomendaciones realizadas por la jefa de la Oficina Defensorial de San Martín, Janet Álvarez, se solicitó a las autoridades de dichas provincias incrementar las acciones de fiscalización en locales donde se anuncie la celebración de reuniones por Navidad y Año Nuevo. Asimismo, se demandó el desarrollo de acciones para verificar el cumplimiento de los aforos máximos permitidos en establecimientos y centros comerciales, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía de Prevención del Delito.

La representante de la Defensoría del Pueblo precisó que, si bien la región San Martín se encuentra en nivel epidemiológico moderado frente al COVID-19, es necesario que los gobiernos locales apoyen en el cumplimiento de los protocolos sanitarios en conglomerados y otros tipos de establecimientos comerciales, a fin de reducir el riesgo de contagios en lugares cerrados y con poca ventilación, tal como está establecido en el último decreto emitido por el Ejecutivo.

De otro lado, subrayó que la labor de cada comuna es fundamental para vigilar el cumplimiento de la inmovilización social obligatoria dispuesta a nivel nacional para los días 24 y 31 de diciembre, desde las 23:00 horas.

En ese sentido, se incluye una serie de recomendaciones dirigidas a continuar con los operativos inopinados en establecimientos comerciales, lugares de reunión como discotecas y pubs, así como en otros locales en los que se incumplan las normas sanitarias, con las sanciones correspondientes a quienes sean responsables de su organización.

Asimismo, se exhortó a las autoridades a mejorar los servicios de comunicación con la población, a fin de intervenir ante cualquier alerta ciudadana sobre fiestas o reuniones que se desarrollen en estas fechas, pese a que están prohibidas.