Pronunciamiento sobre el nombramiento de la próxima ministra o del próximo ministro de educación

Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo, en su rol constitucional de supervisor de derechos humanos y del buen funcionamiento de la administración pública señala lo siguiente:

Si bien la Constitución reconoce la facultad del presidente de la República para elegir a sus ministras/os, ello no implica que tal decisión se encuentre excepta de cumplir con las obligaciones y exigencias de formación, trayectoria profesional y ética que impone el ejercicio de tal alto cargo público.
Como ha sido señalado de forma reiterada por la Defensoría del Pueblo, y, además, constituye la base de un proyecto de Ley que presentáramos al Congreso de la República, nuestro propio texto constitucional establece que las/os ministras/os deben mostrar un claro compromiso con el respeto a los derechos humanos, dado que son garantes de los mismos. A su vez, les corresponde brindar garantías de cumplir con el principio de buena administración pública y de encabezar la lucha estatal contra la corrupción y el terrorismo, al ser ambas expresiones de agravio a los derechos fundamentes.
En el caso del sector Educación, la/el próxima/o ministra/o debe mostrar una trayectoria profesional coherente con el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, especialmente, de su derecho a la educación, dado que constituyen los principales destinatarios de los esfuerzos educativos del país, por lo que su reconocimiento como sujeto de derecho debe priorizarse en este contexto de pandemia debido al impacto que ha causado esta en sus vidas.
Debe tenerse presente que al titular de la cartera le corresponde garantizar una vuelta a clases ordenada y segura para todas y todos las/os estudiantes del país. En el mismo sentido, le será una tarea impostergable el garantizar la plena inclusión de estudiantes con discapacidad, migrantes y refugiados, fortalecer la educación bilingüe e intercultural, implementar la educación sexual integral en todos los niveles educativos y promover una convivencia escolar sin violencia, entre otros aspectos.
Dada la importancia del sector Educación en el desarrollo del país y la protección de derechos humanos de millones de niñas, niños y adolescentes, demandamos al presidente de la Republica nombrar una ministra/o que cumpla de forma cabal con las exigencias constitucionales antes mencionadas, siendo ello necesario dado que el cambio continuo de titulares, algunos por no cumplir las exigencias propias del cargo, han colocado en peligro la continuidad de las políticas públicas en la materia.