Defensoría del Pueblo: debe contrarrestarse el uso indebido de herramientas judiciales contra víctimas de violencia de género

Nota de Prensa n.° 1477/OCII/DP/2021

La Defensoría del Pueblo advirtió que el uso indebido de herramientas judiciales, como denuncias, quejas, apelaciones y contradenuncias, vienen siendo usadas como estrategia por parte de personas denunciadas por sus exparejas mujeres, para quienes los procesos judiciales son una nueva forma de violencia, en lugar de una ruta para acceder a justicia. Frente a ello, se ha solicitado a las instituciones competentes fortalecer el trabajo de prevención y abordaje adecuado de este problema.

Cabe indicar que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Poder Judicial (PJ) es la primera línea de defensa que existe a nivel nacional para garantizar la protección de los derechos de las mujeres. No obstante, cuando no se cuenta con funcionarias/os con conocimiento y sensibilización en enfoque de género, los procesos son lentos, considerados de poca importancia y las denunciantes terminan siendo juzgadas por atributos que la sociedad considera incorrectos para las mujeres, como su estilo de vida, orientación sexual, educación u otro.

En esa línea, en un informe presentado hoy, la Defensoría del Pueblo señala que, a pesar de que las normas nacionales e internacionales establecen parámetros para que el sistema de justicia proteja el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, acceso a justicia y tutela jurisdiccional efectiva, esto no se plasma en la realidad, debido a la influencia de los estereotipos de género y a la falta de una ejecución adecuada del presupuesto y las políticas públicas.

A ello, se suman la falta de un sistema integrado y de una base de datos unificada que facilita que exista una multiplicidad de denuncias, procesos, y medidas de protección y cautelares que pueden llegar a ser contradictorios. Si bien el sistema apela a la acumulación de procesos para revertir esta situación, el procedimiento no es inmediato, lo que genera desgaste físico, emocional y económica en las víctimas y las desalienta en el proceso de acudir al sistema de justicia.

A pesar de que el informe identificó solo 19 casos a nivel nacional (que contienen un total de 60 expedientes judiciales, 7 denuncias fiscales y 2 carpetas fiscales) en el plazo de una semana durante la emergencia sanitaria, se puede advertir que estas situaciones no son excepcionales. La estrategia de apelar a denuncias y demandas con exparejas en nuestro país es usada regularmente para hostilizar y desgastar física y emocionalmente a las mujeres cuando no se quiere cumplir con sus obligaciones.

Cabe indicar que esta estrategia no solo representa una nueva manifestación de violencia contra las mujeres en forma de hostilización o acoso por parte de los denunciados y de los profesionales que los asisten, sino que también implica un mal uso del derecho de acceso a la justicia, puesto que satura aún más el sistema judicial. Así, esta ruta crítica que enfrentan las víctimas genera incertidumbre y ansiedad, ya que muchas veces ellas terminan siendo denunciadas por la otra parte, siendo incluso condenadas por acciones adoptadas en defensa propia o de sus familiares

Frente a esta situación, se ha recomendado al PJ capacitar a operadoras/es de justicia en la incorporación del enfoque de género y la proactividad para identificar estos casos, de tal manera que puedan realizar una evaluación objetiva que evite el uso indebido de herramientas judiciales. Cabe resaltar que, durante el Pleno Jurisdiccional Nacional sobre Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar -realizado el 2 y 3 de diciembre-, se tomó en cuenta el informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, con relación a evitar el uso de las herramientas judiciales. Se advierte que se ello se debe realizar mediante la acumulación de los procesos tutelares para no caer en la revictimización.

Por su parte, se ha solicitado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fortalecer el Sistema Nacional Especializado para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, además de su interoperabilidad. Además, deben fortalecer la implementación del Registro Único de Víctimas y Agresores, coordinar con las otras instituciones del sistema de justicia para la capacitación de operadoras/as, y continuar fortaleciendo el trabajo con el INEI para conocer el número de procesos legales iniciados y recibidos por las víctimas.

Finalmente, se ha instado al Ministerio Público a fortalecer su sistema de información, a fin de contar con una base de datos que permita identificar la cantidad de denuncias en la que se encuentran las partes inmersas en un caso de esta naturaleza. Esto permitirá evitar la existencia en paralelo de múltiples denuncias. De la misma forma, debe continuar el fortalecimiento de la labor de las fiscalías a fin de cumplir los plazos procesales, especialmente en casos de violencia contra las mujeres.

Puede ver el informe Violencia contra las mujeres: cuando las herramientas judiciales son utilizadas indebidamente por los agresores. Análisis de casos en el siguiente link: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/Informe-Acoso-judicial-Casos.pdf.