Defensoría del Pueblo: debe fortalecerse la actuación conjunta frente a casos de violencia contra mujeres migrantes

Nota de Prensa n.° 1374/OCII/DP/2021

La Defensoría del Pueblo, en trabajo conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), presentó hoy un informe que revela que la actuación del Estado aún es insuficiente en casos de violencia basada en género contra mujeres migrantes. Frente a ello, ha solicitado fortalecer la labor intersectorial, que permita garantizar una efectiva atención de los casos, teniendo en cuenta las particularidades que presenta esta población.

El estudio realizado permitió conocer que, desde el Estado y la sociedad civil, se señala que se han logrado identificar las necesidades diferenciadas de las víctimas migrantes y refugiadas; no obstante, aún se carece de lineamientos específicos y de operadores que manejen la normativa aplicable a la problemática en particular.

Sumado a ello, las víctimas con situación migratoria irregular tienen dificultades para acceder a los servicios públicos, y cuando lo hacen, la atención solo se limita a emergencias y no es una labor permanente a mediano o largo plazo. Asimismo, muchas de las personas migrantes que sufren alguna forma de violencia basada en género desconocen sus derechos y los servicios a los pueden acceder por la falta de difusión de una ruta de atención.

Estas dificultades se han agravado por la pandemia, que les dificultó encontrar cupos en los hogares de refugio temporales y no permitió la actuación articulada entre instituciones para la atención de sus casos debido a la falta de labor presencial. Ello originó que se incrementen los casos y la gravedad de la violencia que afecta a las personas migrantes.

En esa línea, las principales modalidades de violencia que sufren son el hostigamiento sexual laboral, la violencia económico-patrimonial por parte de sus parejas, la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, la violencia física y psicológica, y el acoso sexual en espacios públicos. Estas modalidades se agravan especialmente en personas con situación documentaria irregular, ya que carecen de redes de apoyo y no acceden a una información adecuada sobre los servicios públicos existentes a los cuales pueden recurrir.

Durante la presentación del informe, Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos, señaló que “esta situación particular requiere acciones concretas y cambios estructurales con políticas de atención que tomen en cuenta la condición de ser migrante o refugiada”. Por su parte, María Eugenia Mujica, representante auxiliar de UNFPA, indicó que “las mujeres migrantes enfrentan mayores riesgos, por su condición, a sufrir diversas formas de violencia de género”.

Debido a ello, la Defensoría del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Salud incorporar variables que permitan reconocer las situaciones diversas por las que pasan las migrantes, de tal manera que se adopten medidas diferenciadas en casos de violencia basada en género. Además, se le ha solicitado implementar programas de capacitación al personal sobre la adecuada atención de estos casos y promover campañas de información dirigidas a la población migrante y refugiada.

Además, se ha instado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a modificar sus protocolos y guías para incorporar aspectos relativos a la atención de mujeres migrantes y refugiadas víctimas de violencia. En ese sentido, además de la coordinación con las autoridades migratorias, esta entidad debe procurar proporcionarles toda la información relativa a los derechos que las asisten y articular con las demás entidades para una atención integral de la víctima.

Por su parte, se ha solicitado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos incorporar estas variantes en su protocolo de actuación conjunta a través de la Defensa Pública. Asimismo, se pedido a Migraciones informar sobre los servicios que asisten a las víctimas en casos de violencia basada en género, lo cual debe implicar recordar a los funcionarios la necesidad de articular con otras entidades competentes en el tema y disponer que todas sus instancias brinden datos que sean de utilidad a la denunciante.

Finalmente, se ha solicitado a la Policía Nacional del Perú actualizar sus protocolos para incorporar aspectos relativos a mujeres migrantes y refugiadas víctimas de violencia, lo cual debe permitir una mejor actuación conjunta con otras entidades. Asimismo, debe fortalecer su labor de información sobre los derechos que asisten a esta población.

Puede ver el informe “Violencia basada en género contra mujeres migrantes en el Perú” en el siguiente link: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/10/Informe-Violencia-contra-mujeres-migrantes.pdf.