Defensoría del Pueblo: urge que gobiernos regionales y locales asignen y ejecuten gasto para adquirir bienes de ayuda humanitaria

Nota de Prensa n.° 1330/OCII/DP/2021
La Defensoría del Pueblo demandó a los gobiernos regionales y locales a gestionar los fondos públicos con eficiencia y eficacia, priorizando la ejecución de gasto destinado para la adquisición de los bienes de ayuda humanitaria, categorizados en abrigo, techo, alimentos, enseres, herramientas y otros, para atender las necesidades de la población de manera oportuna con enfoque de derechos ante situaciones de emergencias y desastres.

En efecto, la Defensoría del Pueblo ha recomendado en reiteradas oportunidades a los municipios y gobiernos regionales el uso eficiente de los recursos asignados en el Programa Presupuestal 0068: “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”; priorizando la adquisición de bienes de ayuda humanitaria.

No obstante, de acuerdo a la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas al tercer trimestre de este año, se advierte que 25 gobiernos regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima asignaron recursos por el monto de S/ 41 937 474, con la finalidad de ejecutar las actividades referidas a la administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres (kits de bienes de ayuda humanitaria), reportando la menor ejecución de gasto los gobiernos regionales de Amazonas con 9.9 % y Callao con 16.2 %.

En el nivel local, únicamente el 47 % (93) de las municipalidades provinciales y el 30 % (514) de las municipalidades distritales asignaron recursos para la administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres. De las 607 municipalidades que asignaron recursos, el 23 % (142) no efectuaron la certificación presupuestal, motivo por el cual no es posible realizar el gasto y por ende tampoco suscribir contratos para la adquisición de bienes de ayuda humanitaria. Además, el 28 % (167) no registra avance de ejecución de gasto (devengado), pese a contar con fondos y certificación presupuestal, pese a haber transcurrido más de 9 meses para su ejecución.

Al respecto, cabe recordar que el Reglamento de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), establece que los gobiernos regionales y locales tienen la responsabilidad de asignar recursos en la formulación del presupuesto de cada ejercicio fiscal, para brindar ayuda directa e inmediata a las personas damnificadas y afectadas; además de cubrir el reabastecimiento de los almacenes de ayuda humanitaria que administran según sus ámbitos de competencia.

En esa línea, y en el marco del proceso de preparación de la gestión del riesgo de desastres, así como de la proximidad de la temporada de lluvias que ocurre cada año desde el mes de septiembre hasta mayo, desencadenando en muchos casos deslizamientos, huaicos, inundaciones y movimientos en masa, además de generar daños personales y materiales, es de vital importancia que los almacenes de los gobiernos regionales y locales se encuentren abastecidos con bienes de ayuda humanitaria.

La Defensoría del Pueblo permanecerá vigilante al cumplimiento de estos requerimientos a fin de que se garantice la atención oportuna de la población que podría resultar afectada o damnificada por la ocurrencia de situaciones de emergencia y desastres.