Defensoría del Pueblo: revelan deficiencias en atención de derechos de personas con discapacidad en Moquegua

Nota de Prensa n.° 1315/OCII/DP/2021

La Defensoría del Pueblo, a través del Mecanismo de vigilancia de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, presentó el informe “Situación de las personas con discapacidad y el ejercicio de sus derechos en Moquegua”, que contiene los resultados de las supervisiones llevadas a cabo en esta región desde el último trimestre de 2019 hasta la actualidad, con énfasis en aspectos como la afectación al derecho a la salud mental provocada por la pandemia del COVID-19.

Entre las principales dificultades identificadas con respecto a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, se tiene el registro limitado que existe de este sector de la población a nivel de las distintas instituciones del Estado. De este modo, pese a que, según el Censo 2017, 20 372 personas en Moquegua tenían alguna discapacidad (11,65 % del total de la región), a noviembre de 2019 la cifra de personas con certificados de discapacidad otorgados por el Ministerio de Salud correspondía solo al 5.6 % de ese total (1139 personas); mientras que, a agosto del 2020, solo un 12.2 % del total de personas con discapacidad (2492 personas) había sido registrado en el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis). Asimismo, debe resaltarse que, de acuerdo al Censo del año 2017, un 8.8 % del total de personas con discapacidad no contaba con documento nacional de identidad.

En el ámbito de los gobiernos locales, 4 de las 17 municipalidades distritales carecen actualmente de oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad (Omaped); mientras que, en el aspecto educativo, se pudo identificar que el 35.96 % de las personas con discapacidad en Moquegua solo concluyó los estudios primarios y que solo una de las 125 instituciones educativas de la región cumple con las normas de accesibilidad. Por su parte, en el campo del empleo, el 56 % de las personas con discapacidad en la región se encuentra al margen del grupo de población económicamente activa (PEA), es decir que no tiene empleo.

Finalmente, entre las dificultades identificadas en los servicios de salud mental en el contexto de la emergencia sanitaria, está la necesidad de incrementar el presupuesto destinado a la prevención de afectaciones a la salud mental. Asimismo, existe la demanda de la población por la contratación de más profesionales en psiquiatría en la región, así como de mejorar el trato hacia las personas usuarias.

La presentación del informe estuvo a cargo del jefe de la Oficina Defensorial de Moquegua, Manuel Amat, quien estuvo acompañado del adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, Percy Castillo; y de la jefa del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Malena Pineda. La sesión contó con la presencia del gerente de Salud Mental del Gobierno Regional de Moquegua, Percy Huancapaza Chambi; Ana Mendieta Mayta, presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad “Angelus” y el congresista Jorge Coayla Juárez, representante de la Región Moquegua en el Congreso de la República, entre otros representantes de instituciones.