Defensoría del Pueblo: Gobierno debe implementar controles electrónicos de velocidad y otras medidas efectivas para disminuir accidentes de
Nota de prensaEn los últimos 10 años, se han producido 899 916 accidentes de tránsito, que han ocasionado la muerte de casi 30 000 personas y han dejado heridos o con alguna discapacidad a más de 550 000 ciudadanas

Fotos: Defensoría del Pueblo
3 de setiembre de 2021 - 12:36 p. m.
Nota de Prensa n.° 1228/OCII/DP/2021
Frente al grave estado de la seguridad vial en el Perú, la Defensoría del Pueblo reiteró al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la necesidad de aplicar medidas que puedan contribuir a la disminución de accidentes de tránsito, como el establecimiento de controles electrónicos de velocidad en las carreteras, especialmente en las zonas donde ocurren la mayor cantidad de accidentes. Esta propuesta defensorial data del año 2018, debido a que la primera causa de accidentes de tránsito es el exceso de velocidad
Frente al grave estado de la seguridad vial en el Perú, la Defensoría del Pueblo reiteró al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la necesidad de aplicar medidas que puedan contribuir a la disminución de accidentes de tránsito, como el establecimiento de controles electrónicos de velocidad en las carreteras, especialmente en las zonas donde ocurren la mayor cantidad de accidentes. Esta propuesta defensorial data del año 2018, debido a que la primera causa de accidentes de tránsito es el exceso de velocidad
Como en anteriores oportunidades, se ha recomendado la renegociación de los contratos sobre concesiones viales, a fin de incorporar las disposiciones del Manual de Seguridad Vial (Resolución Directoral n.° 05-2017-MTC/14) desde la planificación hasta la operación de las referidas infraestructuras viales, especialmente las auditorías e inspecciones de seguridad vial, así como la instalación de elementos de seguridad vial y la ejecución de obras que sean técnicamente necesarias.
A través de un oficio dirigido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la adjunta para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, señala que, desde el 2019, se ha venido recomendando elaborar y aprobar un decreto supremo que defina adecuadamente los requisitos para la habilitación de terminales terrestres (características, instalaciones, equipamiento, informes técnicos, órganos o autoridades competentes, planificación territorial y zonificación). Este incumplimiento pone en serios riesgos a las personas que utilizan el servicio de transporte, así como de quienes trabajan en dicha actividad.
Es lamentable que, a lo largo de la última década, las graves deficiencias en el sector transporte ha costado la vida de 29 607 personas y ha dejado heridas a otras 550 862, producto de la ocurrencia de 899 916 accidentes de tránsito. En su momento, esta institución solicitó la modificación del Reglamento Nacional de Vehículos para incorporar la exigencia de luces neblineras en vehículos y evitar accidentes de tránsito por malas condiciones atmosféricas. Pese a que en el 2019 se creó un grupo de trabajo para analizar esta sugerencia, a la fecha aún no se ha adoptado una decisión definitiva.
Igualmente, desde el 2018 se ha pedido la revisión del manual de señales de tránsito, toda vez que la actualización dispuesta por Resolución Directoral n.° 16-2016-MTC/14 incorpora señales con tamaños, formas y colores dispares, contraviniendo las disposiciones del reglamento de tránsito y acuerdos internacionales. Esta recomendación es muy importante, en la medida que los valores más altos del tiempo de percepción-reacción que tiene un conductor pueden ser de 1,5 o 2,5 segundos. Por tanto, la ubicación y la codificación uniforme de las señales (fácilmente diferenciables de otros mensajes presentes en las vías) son factores esenciales para la seguridad vial, ya que una adecuada codificación y uso de las señales puede llegar a reducir el 62 % de accidentes, el 29 % de fallecidos y el 14 % de heridos.
En los actuales momentos, reviste singular importancia la necesidad de incluir en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del MTC, los procedimientos de autorización de operación de escuelas de conductores, centros de inspección técnica vehicular, talleres de conversión y entidades certificadoras de conversión a GNV/GLP, cuya participación en la buena capacitación de los choferes profesionales y el buen estado de los vehículos, tiene una decidida influencia en la seguridad vial.
La representante de la Defensoría del Pueblo ha resaltado la importancia de diseñar una estrategia de comunicación dirigida a los gobiernos locales y otras autoridades competentes en materia de seguridad vial, a fin de difundir los alcances del Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, así como las modificaciones que se realicen en la norma. En simultáneo, otorgar a las autoridades competentes un plazo razonable, a fin de adecuar la señalización de tránsito existente a los nuevos parámetros aprobados.
Es urgente que el MTC ejecute medidas que contribuyan a mejorar la seguridad vial, evaluando oportunamente las medidas recomendadas por la Defensoría del Pueblo, entre muchas otras necesarias, que pueden ser determinantes en la disminución del número de lesionados y fallecidos por accidentes de tránsito, que no solamente repercuten en la preservación de la vida y salud de las potenciales víctimas, sino también en la economía familiar y nacional.