Defensoría del Pueblo: deben erradicarse obstáculos para promover la participación política de las mujeres

Nota de Prensa n.° 1245/OCII/DP/2021

La Defensoría del Pueblo resaltó que, pese a diversos avances en la materia, aún persisten obstáculos para garantizar una participación efectiva de las mujeres en la política. Por ello, en el Día de los Derechos Cívicos de la Mujer, ha demandado al Estado acciones específicas que permitan promover un ejercicio de la democracia en condiciones paritarias para las mujeres y los hombres.

Cabe resaltar que, el 7 de setiembre de 1955, el presidente peruano de aquel entonces, Manuel A. Odría, promulgó la ley sobre el voto femenino, lo cual representó un avance importante en la materia. El Perú era, entonces, el penúltimo país en conceder este derecho a las mujeres, cuya participación política ha sido y sigue siendo un lento proceso de reconocimiento por parte del Estado.

Asimismo, recién en el 1979, se universaliza este derecho, al incluir a las personas (entre ellas, mujeres) analfabetas. Sucesivamente, en 1997, se establece una cuota electoral de género del 25 % para mujeres y varones en las listas parlamentarias y municipales, lo cual se incrementó a un 30 % en el 2000. En esa línea, 20 años después, se estableció finalmente la alternancia de género y paridad como normas en la legislación electoral.

La Defensoría del Pueblo resalta que estos avances son sumamente importantes, ya que la paridad promueve la consolidación de la democracia con base en la construcción de una sociedad igualitaria. Actualmente, el impacto de dichas medidas ha permitido que se cuente con 49 congresistas (38 % del total del Parlamento); sin embargo, persisten obstáculos que urgen superar.

Por un lado, aún es necesaria la aplicación de la paridad horizontal en las elecciones generales, ya que solo el 22 % de mujeres encabezaron las listas al Congreso en el último proceso, lo que disminuye su participación real. Este aporte permitirá aumentar las posibilidades de una participación efectiva por parte de las mujeres en las elecciones.

Otro de los obstáculos para garantizar esta participación es el acoso político que sufren las mujeres. Por ello, es indispensable que las organizaciones políticas, gobiernos regionales y locales, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, entre otras instancias, adopten medidas de prevención, atención y sanción. Estas deben ir de la mano con la Ley n.° 31155, Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política.

Estas acciones, sumadas a los avances que vienen implementándose, deben ser prioritarias para el Estado en su conjunto, ya que, transcurridos más de 200 años de la independencia, aún se carece de una participación en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.