Defensoría del Pueblo: urge mejorar vacunación y garantizar presupuesto para salud de comunidades indígenas ante tercera ola del COVID-19

La Defensoría del Pueblo reiteró al Ministerio de Salud (Minsa) gestionar y asignar con prioridad los recursos públicos suficientes para agilizar la vacunación contra el COVID-19 dirigida a la población de las comunidades indígenas andinas y amazónicas, así como fortalecer los servicios de salud que se brindan en sus territorios, a fin de proteger la salud de los pueblos indígenas ante la eventualidad de una tercera ola de contagios.

En una reunión sostenida con la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios del Minsa en el mes de julio, se tomó conocimiento que la atención del COVID-19 a la población indígena se viene brindando de acuerdo al “Plan de respuesta ante segunda ola y posible tercera ola pandémica en el Perú, 2021”, el cual debía complementarse con un presupuesto de 72 millones de soles para intervenciones sanitarias en comunidades indígenas amazónicas destinadas al fortalecimiento de las medidas de prevención y el mejoramiento de la capacidad resolutiva para una respuesta rápida ante casos de contagios, el cual aún estaría pendiente de aprobación por el sector.

Asimismo, preocupa a la Defensoría del Pueblo que el sector salud haya contemplado únicamente medidas específicas de atención para mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de salud en departamentos con comunidades amazónicas, sin considerar a otros departamentos que cuentan con población de comunidades originarias andinas. Cabe señalar que, hasta el 25 de agosto, se registraron más de 30 000 personas indígenas amazónicas y andinas contagiadas de COVID-19.

Al respecto, la jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Nelly Aedo, informó que, tras una supervisión realizada entre julio y agosto último a las direcciones regionales de salud de Apurímac, Puno, Cajamarca y Loreto, entre otros, se pudo identificar que dichas instancias señalan no contar con los recursos económicos, logísticos ni personal suficiente para la atención a las comunidades indígenas, lo que repercute en la calidad de los servicios de salud y el cumplimiento de las metas de vacunación previstas, principalmente en las zonas más alejadas.

Asimismo, se pudo identificar que esta dificultad presupuestal impediría ampliar o garantizar la difusión permanente de información sobre la importancia de la vacunación en lenguas indígenas y a través de emisoras radiales. A su vez, la falta de una adecuada información repercute en el avance de la vacunación contra el COVID-19 en los departamentos con alta presencia de población amazónica, donde hasta 27 de agosto sólo se han aplicado las dos dosis a 1463 personas indígenas en Ucayali, a 2423 en Loreto, y 2906 en Amazonas, de acuerdo con el Tablero de Control vacunación en pueblos indígenas u originarios del Minsa.

Por ello, en el documento dirigido al Minsa, Aedo enfatizó en la necesidad de asegurar una asignación presupuestaria suficiente para la atención de la salud de la población indígena en las comunidades y la efectividad del proceso de vacunación contra el COVID-19 a dicho sector. La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias, continuará desplegando acciones para salvaguardar la vida y la salud de la población indígena.