Defensoría del Pueblo: fiscalía de Coronel Portillo acoge recomendación e inicia investigación en hospital amazónico

· Se investiga contratación irregular de un médico rehabilitador que no contaba con grado académico ni inscripción en el Colegio Médico del Perú.

Tras la recomendación de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo inició una investigación en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, a fin de determinar la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de ejercicio ilegal de la profesión, por la contratación de un supuesto médico rehabilitador que no contaba con el grado académico respectivo, poniendo en riesgo la salud e integridad de los pacientes del Centro de Atención COVID-19 del establecimiento.

La oficina defensorial tomó conocimiento que el propio director del Hospital Amazónico de Yarinacocha solicitó a los jefes de los diferentes departamentos brindar facilidades para el ingreso del supuesto médico. Sin embargo, mediante una carta remitida el 19 de abril, el jefe del servicio de Rehabilitación expresó su preocupación y rechazo a la referida contratación, ya que dicha persona no registraba un título profesional como médico cirujano en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y tampoco contaba con inscripción en el Colegio Médico del Perú.

Al respecto, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali realizó una visita de inspección a las instalaciones del Centro de Atención COVID-19 para indagar sobre la situación del referido personal de salud. Sin embargo, se informó que dicha persona no laboraba en ese establecimiento. Asimismo, se hizo la consulta en la Sunedu, pero no se encontró ningún registro del cuestionado médico, corroborando lo señalado por el jefe del servicio de Rehabilitación del hospital.

También, se solicitó información al director ejecutivo del Hospital Amazónico de Yarinacocha, quien respondió que el supuesto médico no tenía ningún vínculo laboral con el nosocomio y que se consignó su nombre en el memorándum por error material debido a que los familiares de los pacientes hospitalizados solicitaron verbalmente la autorización para que el ciudadano realice trabajos de terapia física y rehabilitación.

Sin embargo, la oficina defensorial señaló que, con la situación, no solo se estaría poniendo en grave riesgo la salud e integridad de los pacientes, sino que también se estaría incurriendo en el delito contra la administración pública. Por ello, solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación preliminar y realizar las diligencias que se consideren pertinentes a fin de establecer responsabilidades y determinar las sanciones correspondientes.

En ese contexto, la institución recordó que el Código Penal vigente señala que el que ejerce profesión sin reunir los requisitos legales requeridos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. Igualmente, refiere que el profesional que ampara con su firma el trabajo de quien no tiene título para ejercerlo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años e inhabilitación de uno a tres años.

Además, la Ley de Procedimientos Administrativos Generales hace alusión al principio de responsabilidad, señalando que, “las autoridades administrativas están obligadas a responder por las lesiones que produzcan a los derechos o bienes los ciudadanos o las personas jurídicas como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa. Por tal razón las entidades administrativas, así como sus funcionarios o servidores, deben asumir las consecuencias (civiles, disciplinarias y penales) de sus actuaciones, de acuerdo con los respectivos marcos legales que las regulen”.

Ante los hechos, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali hizo un llamado a la ciudadanía para que esté atenta, a fin de conocer qué personal de salud la está atendiendo y hacer respetar sus derechos a recibir una atención de calidad, así como a acceder a un profesional competente. Además, recordó que la población puede solicitar y usar el libro de reclamaciones para garantizar el derecho a presentar una queja ante la insatisfacción o disconformidad con la atención brindada.