Defensoría del Pueblo: debe garantizarse especial protección a personas en situación de riesgo en Tacna

Nota de prensa
Sede defensorial viene gestionando la atención a dos ciudadanas con discapacidad en abandono, se trata de una persona adulta mayor y de su hija.

Fotos: Defensoría del Pueblo

9 de julio de 2021 - 5:04 p. m.

Nota de prensa n.° 1027/OCII/DP/2021

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tacna recordó a las entidades públicas en esta región que el Estado, en sus tres niveles de gobierno nacional, regional y local, tienen el deber de brindar especial protección a las personas adultas mayores y con discapacidad, sobre todo cuando se encuentran en situación de riesgo.

En efecto, la sede defensorial viene realizando acciones en el marco de la Ley n.º 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor y la Ley n.º 29773, Ley General de la Persona con Discapacidad, a favor de dos ciudadanas en abandono, se trata de una persona adulta mayor de 85 años de edad y de su hija de 55 años, ambas con discapacidad, para quienes ha solicitado la intervención de la Policía Nacional del Perú, institución que investigó el caso por violencia por abandono, donde concluyó que las personas se encuentran en situación de desprotección.

De igual forma, solicitaron la intervención de la Municipalidad Provincial de Tacna. Es así que la comuna elaboró un informe médico que refiere que la ciudadana adulta mayor se moviliza en silla de ruedas y presenta hipertensión arterial crónica, artrosis, depresión y ansiedad; mientras que su hija, tiene discapacidad intelectual y varias enfermedades. Por estas razones ambas requieren ser albergadas para mejorar su calidad de vida, sostiene el informe.

Tras una recomendación defensorial, ambas mujeres también fueron visitadas por la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped), cuyo informe indica que las ciudadanas viven en condiciones de pobreza y desnutrición, y requieren una atención más efectiva por parte de las instituciones competentes.

Todos estos hechos han sido puestos de conocimiento al Ministerio Público y al Juzgado de Familia, en el caso de este último, a fin de que se continúen con los procedimientos requeridos para el otorgamiento de medidas de protección que requieren, entre ellas, el acceder a un lugar donde vivir.

La institución continuará realizando el seguimiento del cumplimiento de las funciones estatales de las entidades involucradas en este caso, para verificar que la situación de abandono no persista.