Defensoría del Pueblo: Municipio de Antonio Raimondi debe emitir ordenanza que regula propaganda electoral

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Áncash exhortó a la Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi a elaborar y aprobar, en el más breve plazo, la ordenanza municipal dirigida a regular el uso de los espacios públicos que pueden ser destinados para propaganda electoral, ubicación de avisos políticos y otros aspectos que deben regir en el actual contexto electoral.

El pedido formó parte de las conclusiones de la reunión de supervisión virtual que sostuvieron representantes de la Defensoría del Pueblo con la Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi, en la que se dio a conocer que la comuna no ha emitido hasta el momento la ordenanza que regula la ubicación de paneles, afiches y cualquier otro material político, tal como lo dispone la Ley Orgánica de Municipalidades.

De otro lado, se pudo evidenciar que el referido municipio provincial tampoco ha implementado la instancia de concertación para lucha contra la violencia hacia la mujer, por lo que carece de planes y acciones que permitan proteger los derechos de las niñas y mujeres adultas en esta localidad.

Al respecto, la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Áncash, Soledad Rodríguez, sostuvo que es primordial que el municipio de Antonio Raimondi cuente con ambos instrumentos legales. “Se debe emitir la ordenanza municipal que regula la propaganda electoral, más aún en el contexto de segunda vuelta electoral en que nos encontramos; pero también deben implementarse cuanto antes las medidas que buscan prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiares”, remarcó la representante de la entidad.

En ese sentido, la representante de la Defensoría del Pueblo instó al alcalde provincial a aprobar las normas en materia electoral que se encuentran pendientes con anterioridad a la jornada electoral del próximo 6 de junio. En el caso de la instancia de lucha contra la violencia hacia las mujeres, Rodríguez instó a la autoridad a que su implementación pueda hacerse en un plazo no mayor a quince días, tratándose de una población vulnerable.