Defensoría del Pueblo: Ministerio Público debe investigar diligentemente muerte de joven gestante en Ayacucho

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho exigió al Ministerio Público un informe documentado sobre las razones por las cuales no se ha investigado diligentemente y con enfoque de género la muerte de una ciudadana (21) que se encontraba con 30 semanas de embarazo. Este hecho ocurrió el pasado 26 de abril en su domicilio.

Luego de revisar un informe de la Red de Salud Huamanga, se pudo advertir que el personal de salud que certificó la muerte de la gestante afirmó que el representante del Ministerio Público le indicó que no se realizaría la necropsia correspondiente. Asimismo, esta institución indicó que se tendría como conclusión que la muerte se debió a causas desconocidas, debido a la falta de signos vitales, ausencia de criminalidad y violencia, así como por la emergencia sanitaria.

“El fiscal penal de turno de Huamanga nos informó que, de acuerdo a los protocolos del Ministerio Público, se concluyó que las muertes ocurridas en vías públicas y domicilios se presumen que son a causa del COVID-19, sin la necesidad de realizar alguna diligencia”, afirmó David Pacheco-Villar, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho.

No obstante, en esta conclusión a la que llegó el Ministerio Público no se tomaron en cuenta otros factores. “Esta información, revela una negligente actuación fiscal frente a la muerte de una mujer en estado de gestación que, eventualmente, pudo tratarse de un feminicidio o algún otro delito contra la vida que justifica una investigación”, señaló el representante de la sede defensorial.

Cabe indicar que el informe del representante del Ministerio Público no se sustenta en ninguna pesquisa policial ni se ha atendido el requerimiento del personal de salud, que informó que necesitaba una necropsia que determine la causa básica de muerte. Además, debió tomarse en cuenta el protocolo de esta institución, que determina investigar las muertes de las mujeres con enfoque de género.

Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho ha solicitado a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores que elabore un informe para evaluar las acciones que corresponden adoptar, tanto a nivel de la investigación por la muerte de la ciudadana, como por la actuación del fiscal penal de turno. Además, que se remitida una copia de los actuados a la Oficina Desconcentrada de Control Interno, para que proceda conforme a sus atribuciones.