Defensoría del Pueblo: derechos de la niñez y adolescencia deben ser una prioridad en la agenda e inversión pública

Nota de Prensa n.° 586/OCII/DP/2021

La conmemoración del Día de la Niñez en Perú, que se celebra cada segundo domingo de abril, ocurre en un contexto donde el número total de niñas, niños y adolescentes contagiados por COVID-19, hasta el 3 de abril, es de 93 645 siendo los adolescentes los más afectados (48 %). Asimismo, las cifras oficiales dan a conocer 323 fallecimientos; siendo los de 0 a 5 años el que concentra el mayor número (42 %) a lo largo de la pandemia.

Dicha situación, que preocupa a la Defensoría del Pueblo, sigue exigiendo, a más de un año de la emergencia sanitaria, la atención prioritaria, por parte del Estado, del derecho a la salud mediante la prevención y el tratamiento oportuno del contagio; la promoción y atención de la salud mental; el acceso al esquema regular de vacunación; la asistencia económica a favor de quienes han perdido a su madre o padre por COVID- 19, así como la atención de otras enfermedades como el cáncer infantil. Del mismo modo, requiere que las autoridades estatales garanticen el ejercicio efectivo de otros derechos tales como educación, alimentación, acceso a la justicia, vida libre de todo tipo de violencia, recreación, entre otros.

Al respecto, se debe resaltar que, según el Ministerio de Salud, la implementación del estado de emergencia y la cuarentena han implicado el cierre de colegios o espacios de encuentro social masivos, lo que ha ocasionado aislamiento, privación sensorial, pérdida repentina de lazos emocionales directos con personas, amistades, compañeros de estudios, así como la interrupción de servicios psicosociales y de salud; todo ello, a su vez, ha afectado, en mayor grado, a niñas, niños y adolescentes, especialmente, a aquellas/os en situación de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, pese a la publicación de la Ley de Urgencia Médica para la Detección Oportuna y Atención Integral del Cáncer del Niño y Adolescente, preocupa que a más de siete meses no se haya aprobado su reglamento, medida que permitiría la cobertura universal, gratuita, integral y sin discriminación de dicha enfermedad en cualquiera de sus etapas y tipos; que se garanticen las condiciones para su detección oportuna y atención de calidad, así como la creación de un programa nacional, un registro y un observatorio sobre cáncer infantil.

Al respecto, es importante mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que el Estado debe tener en cuenta la agudización de las enfermedades vinculadas a la pobreza, el impacto de los determinantes sociales en salud. Igualmente, deben evitar retrocesos en las campañas de salud pública, tales como la vacunación en general en niños y niñas, los cuidados del embarazo, la salud sexual y reproductiva; y la prevención del cáncer, entre otras; pues tales medidas tienen impacto directo en la salud mental y presupuestos en salud pública.

De otro lado, la interrupción del servicio educativo presencial ha generado la deserción escolar de estudiantes que residen, especialmente, en zonas rurales o periurbanas debido a factores económicos, sociales, geográficos, de conectividad y otra índole que han afectado, en mayor medida, su derecho a la continuidad de su educación básica en todos los niveles y modalidades; igual problema se ha presentado en niñas, niños y adolescentes con discapacidad que no han podido continuar sus estudios por falta de accesibilidad, adaptaciones y ajustes razonables durante la educación a distancia. A septiembre del 2020, el Ministerio de Educación (Minedu) estimó que 300 000 alumnas/os, que equivalen al 15 % de la matrícula nacional, habían dejado la escuela.

Aparte de ello, las disposiciones restrictivas para la contención del COVID-19 no han impedido que un número considerable de niñas, niños y adolescentes haya sido afectado por la violencia física, psicológica y sexual en todos los espacios donde permanecen o son atendidas/os. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en enero y febrero del 2021, se han reportado 7868 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, es decir, 133 han sido violentadas/os diariamente. Asimismo, durante el 2020, se reportaron 19 casos de feminicidio en niñas y adolescentes; y 156 hijas/os menores de edad víctimas indirectas de dicho delito (durante enero y febrero del 2021, la cifra fue de 25); en el entorno educativo, el Minedu, mediante la plataforma Siseve, registró 761 casos de violencia hacia estudiantes ocurridos en el año 2020 y 110 de enero a marzo de este año.

En ese sentido, nuestra institución considera importante que se evalúe el impacto de las medidas establecidas para contrarrestar la propagación del COVID-19 en los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de enfrentar los problemas que les afectan mediante acciones alternativas, innovadoras, inclusivas, con presupuesto y en condiciones de equidad, que permitan beneficiar, especialmente, a aquellas/os en situación de mayor vulnerabilidad (niñas/os en situación de calle; con discapacidad; indígenas; migrantes; desaparecidas/os; entre otras/os).

La Defensoría del Pueblo recuerda, en esta fecha especial, que este grupo poblacional demanda, por parte de todas las instancias y niveles de gobierno, una protección especial, que implica brindarles una atención diferenciada y oportuna -de acuerdo a su condición y contexto personal, social y cultural en el que se desarrollan- con la finalidad de garantizar su bienestar equitativo e integral. Por esta razón, todas las medidas que el Estado adopte, en el marco de esta emergencia nacional, deben tener un enfoque de derechos humanos de niñez y adolescencia.

Finalmente, reafirma su compromiso de continuar supervisando el cumplimiento de las obligaciones del Estado para garantizar la defensa y promoción permanente de los derechos de la diversidad de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el territorio peruano.