Defensoría del Pueblo: UGEL Pasco debe adoptar medidas ante presunto cobro para entrega de productos de Qali Warma

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco exigió el inicio de investigaciones inmediatas por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), dirigidas a esclarecer las denuncias sobre presuntos cobros indebidos que se habrían hecho como condición para la atención mediante el programa Qali Warma, en la Institución Educativa N° 35001 “Cipriano Proaño” de la ciudad de Cerro de Pasco.

De acuerdo a las denuncias, hechas públicas a través de un medio de comunicación local, en el plantel se habría exigido entre 4 y 5 soles a algunos padres y madres de familia, para la distribución de alimentos cuya entrega a las y los escolares debe ser gratuita.

Tras tomar conocimiento del caso, la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco, Raquel Álvarez, sostuvo comunicación con el jefe de la Unidad Territorial de Qali Warma en esta región, quien mencionó que este cobro se estaría realizando por parte de las personas que conforman el Comité de Alimentación Escolar y la Asociación de Padres de Familia (Apafa) del plantel.

En este sentido, Álvarez recordó a la UGEL Pasco que los directores de las instituciones educativas, en su condición de presidentes de los Comité de Alimentación Escolar (CAE), son los responsables de supervisar que la entrega de alimentos de Qali Warma se desarrolle de manera gratuita y oportuna, por lo que el reparto de los productos alimenticios se debe realizar sin ningún tipo de condicionamiento, sea este pecuniario o de otra índole.

De otro lado, la representante de la Defensoría del Pueblo consideró que estos presuntos cobros indebidos vulneran el derecho de las y los estudiantes a acceder a los alimentos de forma gratuita. “No se puede exigir el pago de cuotas o deudas vinculadas a las Apafa para la entrega de alimentos que otorga el Estado de forma gratuita”, expresó Álvarez.

La jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco recordó también que Qali Warma es un programa social basado en el modelo de cogestión, es decir, el Estado y la comunidad organizada participan de manera coordinada y articulada en la prestación de los servicios alimentarios a favor de las y los estudiantes de las instituciones educativas públicas de todo el país. “La Defensoría del Pueblo continuará monitoreando el caso a fin de garantizar la distribución gratuita y oportuna de los alimentos”, precisó.