Defensoría del Pueblo: municipio de San Juan de la Virgen debe derogar ordenanza que establece cuarentena focalizada

Nota de Prensa N° 393/OCII/DP/2021

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes demandó a la Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen la urgente derogación de la ordenanza municipal que establece la cuarentena focalizada como parte de las medidas extraordinarias para la contención y respuesta ante la pandemia del COVID-19, pues carece de competencia para dictar ese tipo de medidas restrictivas de derechos.

La citada ordenanza municipal establece una cuarentena focalizada desde el día viernes a las 9:00 p. m. hasta el día lunes a las 4:00 a. m., la cual operaría desde hoy, viernes 19 de marzo hasta el primer fin de semana del mes de abril. Asimismo, incluye multas económicas que superan las establecidas por el Poder Ejecutivo.

Cabe precisar que la Policía Nacional de San Juan de la Virgen declaró improcedente el pedido de brindar soporte a esta restricción, solicitado por la referida municipalidad, pues lo considera contrario a las disposiciones nacionales.

Ante estos hechos, la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes, Danitza Zevallos, instó a la autoridad edil y al pleno de sus regidores a convocar a sesión de concejo para la derogación inmediata de la ordenanza municipal que vulnera la Constitución, en tanto no cuenta con facultades para establecer restricciones que son de competencia exclusiva del Ejecutivo.

“Similar situación se presentó en el Municipio de Pampas de Hospital donde, por intervención de la Defensoría del Pueblo, se derogó una ordenanza municipal. Toda disposición distinta a la dispuesta por el Gobierno nacional debe ser previamente coordinada con este poder del Estado, pues de lo contrario la afectación a los derechos fundamentales de la ciudadanía deviene en inconstitucional”, recordó la representante de la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante para que las instituciones públicas desarrollen la gestión en el marco del derecho a la buena administración, enfocadas en la atención de las demandas sociales y el respeto a sus derechos.