Defensoría del Pueblo rechaza actos de acoso político que afectan principalmente a las mujeres

La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo a las expresiones denigrantes y calificativos inapropiados que se vienen emitiendo durante la actual campaña electoral, dirigidos principalmente contra mujeres candidatas, los cuales constituyen actos de acoso político. Ante ello, se solicita al Presidente de la República, con carácter de urgencia, promulgar el proyecto de ley que previene y sanciona esta forma de violencia de género y se exige a las organizaciones políticas y a sus candidatos/as erradicar estas prácticas.

Tal como lo expresó el Tribunal del Pacto Ético Electoral, se viene extendiendo el uso de lenguaje inapropiado mediante calificativos y apelativos denigrantes, dirigidos específicamente contra las candidatas. Esto atenta contra el Compromiso N° 1 del Pacto Ético Electoral, firmado por casi la totalidad de partidos políticos el 20 de enero de 2020.

Cabe indicar que estas situaciones ahondan la discriminación estructural que afecta principalmente a las mujeres, no solo en una campaña política, sino en el ejercicio de algún cargo público. En ese sentido, se entiende el acoso político contra ellas como cualquier acción, conducta u omisión basada en género que menoscabe, anule, impida, obstaculice o restrinja sus derechos políticos, atente contra una vida libre de violencia y no permita su participación en condiciones de igualdad con los hombres.

Algunas manifestaciones recurrentes, ligadas a formas de violencia física, psicológica o sexual, son las siguientes: impedir que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; propuestas, tocamientos, acercamientos o invitaciones no deseadas; amenazas o intimidación; propaganda electoral denigrante; actos de discriminación; actos de abuso del derecho; inducción al error; entre otras.

Así, según cifras del Jurado Nacional de Elecciones, el 52 % de candidatas expresó haber tenido que enfrentar alguna situación de acoso político durante la contienda electoral extraordinaria del 2020. Esta cifra representó un aumento con respecto a lo ocurrido en la Elecciones Regionales y Municipales de 2018, en donde el 23 % manifestó lo mismo y solo 7 de estos casos pudieron ser denunciados.

Al respecto, cabe señalar que si bien el acoso político es reconocido como una modalidad de violencia en el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021 y en el reglamento de la Ley N° 30364, no existe actualmente una norma específica orientada a prevenir y sancionarlo en los ámbitos administrativos y electorales. Ante ello, urge que la presidencia promulgue el proyecto de ley aprobado por el Congreso el 8 de marzo, para que se pueda prevenir, sancionar y erradicar esta forma de violencia.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo recuerda que las agraviadas pueden recurrir a la vía judicial para denunciar el acoso político, a fin de recibir medidas de protección y que se inicie, de ser el caso, un proceso penal. Además, durante un proceso electoral, esta forma de violencia puede ser denunciada ante los jurados electorales especiales a través de la candidata afectada o el personero/a legal de la organización política. Adicionalmente, a nivel de gobiernos regionales, provinciales y distritales, se puede denunciar ante la misma entidad, para que esta inicie un procedimiento administrativo y establezca eventualmente una sanción.

De otro lado, los partidos deben ser actores claves en la lucha contra el acoso político, por lo que deben intervenir constantemente para que sus miembros erradiquen estas prácticas. Esto, asimismo, demanda que más mujeres ocupen espacios de decisión dentro de las organizaciones, lo cual actualmente no ocurre pese a que existe una importante militancia femenina

Finalmente, la Defensoría del Pueblo viene supervisando cualquier vulneración de los derechos en la presente contienda electoral. Por ello, ante cualquier inacción por parte del Estado en temas de acoso político, pueden comunicarse a la línea gratuita 0800-15170 o a cualquiera de las redes sociales de la institución.