Defensoría del Pueblo exige reubicar en primer piso a oficina para atención a personas con discapacidad en distrito de Omia, Amazonas

● Sede fue trasladada hace dos semanas a un segundo piso, generando inaccesibilidad y afectando a más de cien personas con discapacidad.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Amazonas exigió a la Municipalidad Distrital de Omia, en la provincia de Rodríguez de Mendoza, disponer la reubicación inmediata de la sede de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped), la cual fue trasladada hace dos semanas al segundo piso de la sede municipal. La medida incumple la obligación que tienen las autoridades municipales de brindar condiciones de accesibilidad en la infraestructura de la Omaped y viene afectando a decenas de personas con discapacidad que acuden diariamente a efectuar diversas gestiones, muchas de las cuales se ven impedidas de acceder debido a que el local no cuenta con elevador.

Según se informó, la orden para el traslado de dicha dependencia fue dispuesta por las autoridades de Omia el pasado 3 de marzo vulnerando las obligaciones del Estado dispuestas en la Convención sobre los derechos del as personas con discapacidad y la Ley 29973. Desde entonces, muchas personas que se movilizan en sillas de ruedas y población adulta mayor con bastones, entre otras condiciones, deben subir las escaleras que los conducen a la Omaped, lo que afecta seriamente su derecho a la accesibilidad y pone en riesgo su vida, salud y seguridad.

De acuerdo a información recogida por la Defensoría del Pueblo, algunos transeúntes apoyarían a las personas con discapacidad a subir las escaleras, agendar sus citas o presentar solicitudes por ellas. Además, se estarían presentando casos de mujeres que deben trasladar a sus hijas e hijos en brazos, debido a que no pueden dirigirse al segundo piso del local en sillas de ruedas.

Ante ello, la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Amazonas, Genoveva Gómez, hizo un llamado a las autoridades distritales de Omia a respetar la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, que dispone que las edificaciones públicas y privadas que brinden u ofrezcan servicios al público deben contar con ambientes y rutas accesibles para permitir el libre desplazamiento y atención de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de la población.

La representante de la Defensoría del Pueblo precisó que, según información de la Omaped, solo en el distrito de Omia existen cerca de cien personas con discapacidad, por lo que debe garantizarse plenamente su derecho de accesibilidad a espacios públicos, entidades privadas o del Estado.

“La persona con discapacidad tiene derecho a acceder al entorno físico, medios de transporte, información y otros servicios de la manera más autónoma y segura posible”, recordó Gómez, quien también pidió a las autoridades municipales garantizar que la atención a las personas con discapacidad se desarrolle cumpliendo los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19.