Defensoría del Pueblo: urge trabajo articulado para enfrentar inseguridad ciudadana en zonas mineras de Puno

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno instó a los integrantes del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Puno a efectuar acciones articuladas para contrarrestar la incidencia delictiva en los centros poblados mineros La Rinconada y Lunar de Oro.

Durante una sesión extraordinaria de este comité, convocada por recomendación de la Defensoría del Pueblo, el representante de la institución en Puno, Jacinto Ticona, también requirió al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de San Antonio de Putina y al Comité Distrital de Ananea, implementar planes y estrategias eficientes y eficaces a corto plazo, para hacer frente a la ola delincuencial que viene afectando a dichas localidades.

“Es necesario que estos comités convoquen a las diferentes autoridades competentes y a representantes de la sociedad civil organizada, como las juntas vecinales y rondas campesinas, en el ámbito de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con el fin de que -lo antes posible- se pueda aterrizar en acciones concretas y con un enfoque de derechos humanos, a fin de garantizar el derecho a la integridad física de la ciudadanía”, indicó.

Cabe señalar que, en la reunión, los representantes de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina y de la Municipalidad Distrital de Ananea, acogiendo la recomendación de la Defensoría del Pueblo, expresaron su compromiso de impulsar las medidas necesarias a fin de mitigar la problemática de inseguridad en sus respectivas jurisdicciones, donde muchos de sus habitantes se dedican a actividades vinculadas con la minería informal; por lo que no es extraño ver a personas provenientes de diferentes zonas del país que se trasladan hasta esas zonas e incurren en hechos delictivos, así como el funcionamiento irregular de locales nocturnos.

De la misma manera, se demandó la necesidad de viabilizar, en el menor tiempo posible, el mejoramiento de la infraestructura para la comisaría del centro poblado de La Rinconada, ya que, según lo informado por la Décima Macro Región Policial Puno, la licitación del proyecto de su local se realizaría recién en el año 2023. Del mismo modo, se acordó promover progresivamente la implementación de cámaras de videovigilancia y la dotación de más efectivos policiales a La Rinconada, lugar donde en el 2020, se reportaron 184 denuncias por diferentes delitos, siendo 43 de ellos contra la vida, el cuerpo y la salud.

Sobre esto último, el representante de la Policía indicó que, como medida inmediata, cada 15 días se enviaría un contingente policial a esa zona para desarrollar operativos en coordinación con los gobiernos locales. La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno permanecerá vigilante para velar por los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos antes señalados.