Defensoría del Pueblo: urgen planes municipales para evitar contagios de COVID-19 en niñas, niños y adolescentes en Apurímac

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Apurímac requirió a las municipalidades provinciales de Abancay, Andahuaylas, Cotabambas, Aymaraes, Grau, Antabamba y Chincheros elaborar un plan de acción frente al aumento de contagios de COVID-19 entre niñas, niños y adolescentes y, a su vez, garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los espacios públicos, con el fin de contribuir a la salud de la población.

La institución señaló que, según el Informe Radar COVID-19 de niñas, niños y adolescentes, desde el 21 de mayo de 2020 al 24 de febrero de este año, en todo el país, se han registrado en el país 80 353 contagiados y 277 fallecidos a causa del coronavirus. Asimismo, el número de casos nuevos durante la semana del 18 al 24 de febrero es de 1855, cifra que casi triplica al de la primera semana de enero (del 4 al 11 de enero) en que se alcanzó 700 nuevos casos. El porcentaje mayor de contagiados durante la pandemia corresponde a los adolescentes de 12 a 17 años (46 %), seguido de las niñas y niños de 0 a 5, con 28 %, y los menores de edad de 6 a 11 años, con 26 %.

En el caso de la región de Apurímac, al 24 de febrero último, se han registrado 826 casos de niñas, niños y adolescentes contagiados y 6 fallecidos. Es preciso mencionar que la Defensoría del Pueblo, desde el inicio de la emergencia nacional por la pandemia por COVID-19, ha manifestado su preocupación sobre la atención de la salud de la niñez y adolescencia a través de diversos comunicados públicos.

En ese contexto, se debe recordar que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud consagrado en el artículo 24° de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 21° del Código de los Niños y Adolescentes. Asimismo, según el Comité de los Derechos del Niño el juego y la recreación son esenciales para su salud y bienestar, y promueven el desarrollo de la creatividad, la imaginación y la confianza en sí mismo y en la propia capacidad, así como las aptitudes físicas, sociales, cognitivas y emocionales.

Al respecto, se debe señalar que mediante Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional debido a la pandemia por COVID-19, se ha dispuesto que los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, deben facilitar el uso de los espacios públicos situados en su jurisdicción, promoviéndolos y acondicionándolos, con el fin de contribuir a la mejora de las condiciones de la salud física y mental de las personas. De igual forma cabe precisar que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde a los gobiernos locales promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Esto implica que, en el contexto actual, las autoridades regionales y locales deben garantizar espacios públicos abiertos, bioseguros, desinfectados y limpios, pero a su vez, que no constituyan un riesgo adicional a la salud durante su uso por falta de autocuidado y aglomeraciones. Por ello, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Apurímac recomendó a las municipalidades provinciales implementar acciones urgentes, como la desinfección continua de parques, calles, avenidas y otras, para garantizar el uso seguro de todos los espacios públicos abiertos. Igualmente, disponer las medidas que correspondan para asegurar el respeto a las reglas de distanciamiento físico y el aforo máximo permitido, así como realizar acciones de fiscalización para identificar parques u otros espacios públicos que presenten situaciones de riesgo.

La institución también recomendó establecer las medidas administrativas y presupuestales para garantizar el mantenimiento de las áreas recreativas y articular a nivel regional y local la implementación de medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19 entre niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo recuerda a la comunidad en general que sigue supervisando el cumplimiento de funciones de las autoridades competentes a fin de que brinden especial protección a la niñez y adolescencia, mediante la implementación de acciones efectivas que garanticen su salud integral durante la emergencia nacional sanitaria.