Defensoría del Pueblo: universidades deben garantizar la educación inclusiva

Nota de Prensa N° 336/OCII/DP/2021

La Defensoría del Pueblo en su rol de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en el Estado peruano, presentó el informe especial “El Derecho a la educación inclusiva en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19”, donde advirtió sobre las barreras que enfrentan las y los estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas especiales en el uso del servicio educativo universitario no presencial.

La exposición del informe estuvo a cargo de Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad, quien expuso los resultados de la supervisión realizada al sistema universitario vinculados con la accesibilidad en la educación para estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas especiales durante la pandemia. En la exposición se señalaron las principales barreras con base en la percepción estudiantil, y se precisaron las dificultades para la implementación de un servicio educativo inclusivo no presencial, así como la necesidad de contar con un sistema de información público, coherente y oportuno sobre datos cualitativos de estudiantes universitarios en riesgo de exclusión social.

En efecto, durante el 2020, de los planes y estrategias de adaptación a la virtualidad, se verificó que de 120 universidades, el 98 %, no contaba con estrategias dirigidas a reducir la brecha digital y de acceso a la tecnología; el 97 % no incorporó un enfoque de discapacidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje que incluye: las adaptaciones y preparación para afrontar la virtualidad, la transmisión del conocimiento y los sistemas de evaluación de las capacidades adquiridas.

También se mostraron los resultados de la encuesta de percepción realizada a 207 estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas provenientes de universidades licenciadas, siendo los resultados más resaltantes que, el 88 % de estudiantes de universidades públicas refirió no ser beneficiado con la subvención del servicio de internet y/o de dispositivos informáticos; 63 % de estudiantes de universidades privadas señaló que no se les brindó facilidades para la conectividad virtual. Mientras que el 89 % del total de estudiantes con discapacidad auditiva informó que no se implementó la interpretación de lengua de señas.

Por su parte, las y los estudiantes de universidades públicas y privadas contaron sus experiencias en torno a las dificultades de adaptación que presentan sus entidades educativas para atender la diversidad, evidenciando limitaciones en la disponibilidad y acceso a los recursos y herramientas pedagógicas que permiten garantizar un aprendizaje virtual inclusivo.

Durante la reunión, Jorge Mori, representante del Ministerio de Educación expresó el compromiso de su entidad en generar herramientas y aplicaciones virtuales que faciliten el aprendizaje a estudiantes con discapacidad; señaló que urge profundizar los estudios sobre las dificultades que vienen afrontando los estudiantes universitarios durante la pandemia; e indicó la existencia de una brecha en el recojo de información sobre las personas con discapacidad en las universidades.

En tanto, Anatoly Bedriñana, representante del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), indicó que existe un limitado acceso a la educación, siendo la brecha más grande la registrada en la educación superior, de acuerdo con los Censos del año 2017. Asimismo, recalcó la disponibilidad de su entidad para el asesoramiento técnico a los órganos de la administración pública y a las universidades.

Carlos Alayo, representante de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu), informó que en la actualidad hay 60 entidades educativas de educación superior universitaria que cuentan con estudiantes con discapacidad. Indicó que la articulación de la información estatal sobre estudiantes con discapacidad permite que la Sunedu realice requerimientos más específicos sobre su atención. Asimismo, señaló que se podría profundizar mucho más, por parte de su entidad, sobre la accesibilidad de los canales virtuales de las Defensorías Universitarias.

Al finalizar el evento la representante de la Defensoría del Pueblo informó que se viene exhortando a las 94 entidades licenciadas de la educación superior universitaria para que garanticen la accesibilidad y la implementación de ajustes razonables a favor de postulantes con discapacidad y con otras necesidades educativas especiales que compiten por una vacante.