Defensoría del Pueblo interviene para garantizar derecho a una vida digna de dos personas adultas mayores en Ucayali

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali intervino para garantizar la atención de dos personas adultas mayores de 94 y 64 años de edad que residen en el distrito de Manantay, tras tomar conocimiento, a través de un medio de comunicación local, de la situación de abandono en que se encontraban ambas ciudadanas y sus escasos recursos económicos que no les permiten una vida digna.

Al conocer el caso, de inmediato la institución se comunicó con la Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad Distrital de Manantay y coordinaron para intervenir de manera conjunta con la Subgerencia de Demuna, Omaped y CIAM, con quienes se trasladaron a la vivienda de las recurrentes. En el lugar se pudo comprobar la situación de desatención en que se encontraban ambas ciudadanas, madre e hija, y se recogió el pedido de ambas para ser incluidas en el Programa Pensión 65.

Ante esa solicitud, la Municipalidad Distrital de Manantay se comprometió a brindar orientación para que la ciudadana adulta mayor de 94 años pueda obtener su documento nacional de identidad a fin de que posteriormente sea incorporada como beneficiaria del programa Pensión 65. Asimismo, el municipio se ofreció a acompañar a la hija de la referida ciudadana para que pueda verificar el estado de sus trámites en el mismo programa, los cuales inició hace algún tiempo, pero no concluyó.

Además, la Subgerencia de Demuna, Omaped y CIAM remitió la información de ambos casos a la Subgerencia de Desarrollo Social y Económico, a fin de que se les pueda brindar productos de primera necesidad para paliar la situación en que se encuentran, sobre todo considerando la situación actual por la pandemia.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali destacó el compromiso de la comuna y señaló que hará el seguimiento correspondiente a fin de verificar que ambas ciudadanas puedan ser incluidas en el Programa Pensión 65 y reciban la atención que necesitan para garantizar su derecho a una vida digna.