Defensoría del Pueblo: UGEL 02 de Lima Norte debe resolver con urgencia casos de pensionistas que piden incorporarse a Ley 19990

Nota de Prensa N° 272/OCII/DP/2021

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte instó a la Unidad de Gestión Educativa Local 02, ubicada en el distrito de San Martín de Porres, a atender los casos de diversas personas adultas mayores que solicitan se les reconozca los aportes hechos al sistema pensionario de la Ley 19990, porque hasta el momento no pueden ejercer el derecho a percibir pensiones dignas.

Al respecto, se informó de dos casos similares. En uno, un exservidor del sector educación que trabajó durante nueve años bajo el régimen pensionario de la Ley 19990 se vio perjudicado luego que se cambiara su condición laboral a la de auxiliar de educación, donde realizó aportes durante 25 años pero para el régimen de la Ley 20530, al que habría sido incorporado indebidamente.

Tras su cese laboral, e incluso habiendo accedido a una pensión, esta le fue retirada bajo el argumento de que sus ingresos debían corresponder al régimen de la Ley 19990. Sin embargo, han transcurrido más de cinco años desde que se jubiló y dos de ellos insistiendo para que la UGEL 02 realice la liquidación de sus aportes y traslade el informe de este procedimiento a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), lo cual aún no ocurre, dejando al ciudadano sin poder percibir hasta el momento una pensión acorde a sus aportaciones.

En una situación similar se encuentra una ciudadana que solicitó a la misma entidad su cambio del régimen pensionario de la Ley 20530 al de la Ley 19990. El pedido fue presentado en diciembre de 2019 y reiterado en mayo del año pasado, sin embargo la UGEL 02 continúa sin atender el caso, lo que le impide no solo acceder a una pensión de jubilación, sino además viene perjudicándola en el derecho a recibir atención médica en EsSalud.

Ante ello, la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte, Estela Lozano, se dirigió a la UGEL 02 exigiendo adoptar las acciones inmediatas para que se pueda atender en el más breve plazo todas las solicitudes que se encuentren en la misma situación.

A través de documentos dirigidos a la entidad, la representante de la Defensoría del Pueblo recordó la obligación que asigna la Constitución Política de proteger a los grupos vulnerables, entre ellos las personas adultos mayores. Asimismo, de garantizar el derecho de toda persona a la seguridad social, así como al acceso a las prestaciones de salud y a pensiones dignas.

En ese sentido, se solicitó a la entidad a disponer las acciones inmediatas en los planos administrativo, presupuestario y legal para que las personas afectadas por las demoras sean incorporadas en el más breve plazo al régimen de la Ley 19990 y se realicen las coordinaciones necesarias con la ONP para la transferencia de los aportes. “El Estado debe garantizar el acceso de todas y todos los ciudadanos a pensiones que permitan subsistir dignamente, así como a los servicios de salud pública, aún más en el contexto de emergencia sanitaria que afronta el país”, precisó Lozano.