Defensoría del Pueblo: se debe investigar actuación fiscal en caso de secuestro de niña de 9 años en Ucayali

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali requirió a la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Distrito Fiscal de Ucayali que inicie una investigación preliminar disciplinaria contra la fiscal que tuvo a su cargo el secuestro de una niña de 9 años de edad, ocurrido en la localidad de Tahuanía, en la provincia de Atalaya. Aunque la niña ya fue liberada, permaneció retenida durante 13 días y la magistrada habría incurrido en irregularidades, al no cumplir con el ordenamiento legal vigente y esperar tres días para iniciar la investigación de los hechos.

La institución recibió la queja de los familiares de la niña, quienes señalaron que el pasado 8 de febrero tres delincuentes a mano armada asaltaron un negocio de su propiedad secuestraron a la niña, maniataron a su tía y se llevaron S/ 10 000. En ese contexto, añadieron que habría inoperancia de la fiscal a cargo de la investigación, quien no efectuó ninguna diligencia relacionada al esclarecimiento de los hechos, la identificación de los presuntos responsables y la ubicación de la niña, a pesar que en estas circunstancias debe de actuar con debida diligencia reforzada, por ser la persona secuestrada una menor de edad.

Ante ello, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali se comunicó con la referida fiscal para solicitar información relacionada a su actuación en el caso y las diligencias que se realizaban para contribuir a la liberación segura de la víctima, así como la protección y apoyo a la familia, siendo informados que ya había recabado los testimonios del padre y la tía de la niña, y se esperaba ir ese mismo día al lugar donde ocurrió el asalto para la constatación de los hechos. No obstante, la fiscal manifestó que no contaba con los recursos humanos y la logística necesaria para el ejercicio adecuado de su función, ya que se encontraba en turno permanente y con gran carga laboral.

En ese sentido, se recomendó a la Fiscalía de Atalaya que se efectúen con debida diligencia reforzada las diligencias necesarias para el esclarecimiento del caso y la identificación de los presuntos autores. Además, se le requirió que coordine con la Unidad Especializada en delito de secuestro de la Policía Nacional del Perú, por cuanto ya habían transcurrido tres días y los peritos no se habían trasladado al lugar de los hechos para recabar indicios y evidencias, lo que constituía una irregularidad en la función relacionada a la investigación del delito.

“La fiscal encargada no habría cumplido con la legislación nacional y los instrumentos internacionales que demandan una investigación con debida diligencia reforzada en este tipo de delitos de secuestro, pues no habría ordenado inmediatamente la intervención policial que ameritaba el caso y no se había comunicado de manera inmediata a la Unidad Especializada en delito de secuestro de la Policía Nacional. Además, esperó tres días para recién iniciar la investigación”, manifestó Hugo Pari, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali.

Por ello, la institución solicitó también realizar la revisión de los casos fiscales asignados a la referida magistrada, en los delitos que atenten contra la libertad personal, y realizar operativos de control a la Fiscalía Provincial Corporativa de Atalaya, respetando la emergencia sanitaria.

Adicionalmente, se pidió a la Junta de Fiscales del Distrito Judicial de Ucayali que informe de manera documentada sobre el cuadro de asignación de personal que corresponde a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Atalaya, la cantidad de personal que se encuentra laborando en sus distintas modalidades, los equipos informáticos con los que cuentan y los casos fiscales que se encuentran en trámite. Ello para determinar si la fiscal provincial que vio el caso del secuestro no contaba con el personal necesario que facilite su labor.