Defensoría del Pueblo: Ugel Huanta debe garantizar transparencia en concursos de contratación de docentes

El módulo de la Defensoría del Pueblo de Huanta instó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) a investigar las presuntas irregularidades denunciadas por un grupo de docentes que postuló a un concurso público para plazas en el magisterio, según las cuales no habrían sido evaluados de acuerdo a la norma técnica de calificación. Asimismo, pidió que el Ministerio de Educación (Minedu) habilite el portal de registros para validar los títulos de las y los profesores que postulan a distintas plazas en la carrera pública y privada.

El pedido fue formulado luego de que la UGEL Huanta indicara que no podían validar los títulos pedagógicos debido a que el sistema del Minedu no se encontraba operativo, lo que motivó que la revisión de las fichas de calificación se llevara a cabo con la participación de especialistas del sindicato de docentes. Ello permitió identificar que los puntajes diferían a lo evidenciado en los currículums de las y los postulantes; asimismo, que sus capacitaciones no habían sido valoradas de acuerdo a lo exigido en la norma técnica, tal como fue denunciado.

Como ejemplo de ello, se constató que los títulos universitarios fueron calificados como carreras liberales; mientras que los títulos técnicos fueron considerados como universitarios. Frente a los hechos, la comisión de evaluación acogió la recomendación de la Defensoría del Pueblo y volverá a evaluar los 650 expedientes de quienes participaron en el concurso, postergando de esta manera la adjudicación de las plazas a partir del próximo martes.

No obstante, para el coordinador del módulo de la Defensoría del Pueblo en Huanta, Richard Olivares, estos hechos deben ser investigados a nivel administrativo y hasta penal. “Preocupa que los maestros estén imposibilitados de validar la legalidad de sus títulos pedagógicos y se vean vulnerados en su derecho a la buena administración, por lo instamos a la Secretaría Técnica de la UGEL a iniciar las acciones de investigación para determinar administrativamente la validez de los documentos y, de ser el caso, denunciar a los responsables por el delito de uso de documento público falsificado”, declaró tras indicar que muchas y muchos docentes proceden de regiones como Puno, Lima y Amazonas.

Finalmente, recordó que corresponde al Minedu corroborar la información remitida por las direcciones regionales de educación, en el marco de lo establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N 1246, sobre simplificación administrativa; y en el reglamento de la Ley 30512 o Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de Docentes.