Defensoría del Pueblo: urgen protocolos para la correcta administración de planta de oxígeno solidaria en Pichari

Nota de Prensa N° 208/OCII/DP/2021

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho instó a la Fiscalía de Prevención del Delito a disponer acciones urgentes para prevenir actos irregulares en la administración y comercio del oxígeno medicinal destinado para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Ello tras atender una queja por presuntas irregularidades en la Planta de Oxígeno Medicinal de Omaya, instalada en el distrito cusqueño de Pichari por una cruzada solidaria de la población del Vraem.

Al respecto, la institución tomó conocimiento que se habría almacenado balones de oxígeno de diferentes establecimientos de salud en dicha planta y acumulado decenas de balones que ingresaron sin documentación alguna y que pertenecerían a una sola persona, que los estaría comercializando irregularmente. Todo ello pese a que la Municipalidad Distrital de Pichari está a cargo de velar por la correcta administración de dicha planta a favor de la población del lugar.

Ante ello, la Fiscalía de Prevención del Delito dispuso la inmediata constatación junto con personal de la Comisaría PNP de Pichari, verificando que el ingreso, recarga y salida de los balones de oxígeno no tiene un protocolo establecido y, por ello, se comunicaron con el alcalde del distrito, quien solicitó tiempo para regularizar el protocolo de distribución del oxígeno junto con las demás autoridades del lugar.

"La Fiscalía de Prevención del Delito constató que 125 balones de oxígeno, según información del personal encargado de la planta, pertenecen a una sola persona. Por dicha razón, se ha derivado la denuncia a la Fiscalía Provincial Mixta de Pichari, para que se investigue la presunta comisión de los delitos de cobro indebido y apropiación ilícita", señaló David Pacheco-Villar, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho.

Finamente, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho se mantendrá vigilante al resultado de la actuación del Ministerio Público, a fin de garantizar que la distribución del oxígeno medicinal que se produce en esta planta tenga protocolos establecidos por la autoridad competente y sirva para atender los casos de COVID-19.