Defensoría del Pueblo pide garantizar manejo adecuado de jeringas y otros residuos de vacunación contra el COVID-19

Nota de Prensa N° 204/OCII/DP/2021

La Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio de Salud, EsSalud, gobiernos regionales y responsables de los establecimientos de salud de todo el país a garantizar una adecuada gestión y manejo de los residuos biocontaminados conformados principalmente por jeringas, gasas y guantes, que serán desechados en los próximos meses como parte del proceso nacional de vacunación contra el COVID-19.

El pedido fue hecho con el objetivo de proteger el ambiente, la vida y la salud de las personas, tras estimarse que más de 70 millones de inyectables y otros insumos de protección médica aumentarán la cantidad de residuos hospitalarios del país en los próximos meses, durante la vacunación contra el COVID-19 y que, de no ser gestionados apropiadamente, podrían generar serios impactos e, incluso, tener como destino final los diferentes botadores o contaminar nuestros ríos.

Según información recogida por la Defensoría del Pueblo tras supervisar 198 establecimientos de salud de mediana y alta complejidad responsables de la atención a pacientes COVID-19, existen serias deficiencias en la gestión y manejo de los residuos sólidos hospitalarios. Así por ejemplo, se detectó que la mitad de los locales médicos no cuenta con almacenes intermedios o centrales, pese a su importancia para evitar una exposición de los residuos biocontaminados, lo que podría contaminar los demás ambientes del establecimiento hasta que no se disponga su traslado final.

Otro hallazgo que preocupa a la Defensoría del Pueblo es la falta de tratamiento de los residuos peligrosos generados en los establecimientos supervisados. Según pudo evidenciarse, en el 54 % de los establecimientos supervisados no se realiza tratamiento de dichos residuos. De ellos, el 32 % depende de los gobiernos regionales y el 17 %, de EsSalud. Además, en regiones como Amazonas, Ayacucho, Lima Región, Madre de Dios y Tumbes, ninguno de los establecimientos supervisados reportó cumplir con dicha obligación.

Respecto al destino final, se detectó que los residuos peligrosos del 26 % de los establecimientos supervisados tenían como destino final diversos rellenos sanitarios sin previo tratamiento, botaderos o destinos no autorizados. Para la adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, dicha situación es preocupante en la medida que una disposición inadecuada de los residuos peligrosos, y más aún de los residuos provenientes de lugares donde se atiende a pacientes de COVID-19, genera un alto nivel de riesgos sanitarios y ambientales.

De otro lado, con relación a las labores de fiscalización que tienen a su cargo los gobiernos regionales, se detectó que un 33 % de los establecimientos no fueron inspeccionados durante la emergencia sanitaria por parte de las direcciones o gerencias regionales de salud competentes.

“Urge que los gobiernos regionales lleven a cabo labores de fiscalización inmediatas respecto al manejo que se dará en los próximos meses a los residuos hospitalarios derivados del proceso de vacunación”, expresó la representante de la Defensoría del Pueblo, quien precisó que son dichas entidades las responsables de elaborar e implementar los planes regionales en el marco del Plan Nacional de Vacunación frente al COVID-19, que incluyan actividades relacionadas al adecuado manejo de los residuos sólidos.

Finalmente, Abanto recordó también que corresponde a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) del Ministerio de Salud brindar la asistencia técnica en la materia a nivel nacional y realizar acciones de vigilancia sanitaria.