Defensoría del Pueblo: hacinamiento en establecimientos penitenciarios de mujeres en Lima y Arequipa no se ha reducido

Nota de Prensa N° 202/OCII/DP/2021

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Defensoría del Pueblo advirtió que el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios (EP) de Mujeres Chorrillos, Anexo de Mujeres Chorrillos y Arequipa no se ha reducido a pesar de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Así se dio a conocer durante la presentación del Informe Especial N° 06 “Seguimiento a recomendaciones sobre condiciones de las mujeres en establecimiento penitenciarios y otras supervisiones en el contexto por COVID-19”.

En el documento, que tuvo como objetivo analizar el nivel de implementación y acogida de 34 recomendaciones formuladas en el 2019 y realizar otras supervisiones complementarias desde un enfoque de salud en las condiciones de pandemia, se da cuenta de la supervisión a 6 EP para mujeres. Estos fueron el de Mujeres Chorrillos, Anexo de Mujeres Chorrillos, Sullana, RCE para Mujeres Concepción, Jauja y Arequipa.

En esa línea, se identificó que los EP no cuentan con los servicios de pediatría y psiquiatría. Asimismo, en todos los EP supervisados se suspendió el ingreso de las visitas de familiares, abogados u otros; mas no se pudo brindar apoyo psicológico apropiado a las mujeres privadas de libertad afectadas por estas medidas de prevención y control frente al coronavirus.

En 2 de los EP, los cuales presentan la sobrepoblación más alta, se reportaron casos de discriminación entre las internas por temor al contagio de COVID-19; en 1 de los establecimientos se usó el área de aislamiento disciplinario como área de aislamiento COVID-19; y en 2 de los EP, el área de aislamiento o cuarentena no contaba con buena ventilación natural.

De la misma manera, el MNPT identificó que en 4 de los 6 EP supervisados no se contaba con médicos para la atención de los casos de COVID-19, estos eran atendidos por enfermeras; en 5 establecimientos no se suministraba a las internas papel higiénico, cepillo y pasta dental, ni toallas higiénicas; además, debían comunicarse con sus familiares usando los teléfonos monederos del EP, lo cual no es suficiente y muchas veces no es posible costear. En ninguno de los EP supervisados se proporcionó un método alternativo de comunicación con sus familias.

El informe también permitió conocer la falta del registro de la población LGBTI, malos tratos y actos de agresión en contra de las internas, falta de atención oportuna de quejas o peticiones, falta de entrega y difusión de normas de vida que rigen en los EP, falta de instalación oportuna y adecuada de internas con hijas/os, e inadecuada cantidad de agua y alimentos.

Al respecto, Porfirio Barrenechea, director del MNPT de la Defensoría del Pueblo manifestó que este informe procura subrayar los hallazgos reiterativos, identificar los obstáculos que surgieron y proponer nuevas recomendaciones que puedan ayudar a prevenir actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

En ese sentido, informó que el balance del nivel de cumplimiento de las 34 recomendaciones formuladas anteriormente muestra que en la mayoría de las instituciones supervisadas las recomendaciones se encuentran aún en proceso de implementación: 4 (12 %) recomendaciones se aplicaron, 21 (62 %) se encuentran en proceso, y 9 (26 %) no se han implementado.

De acuerdo con el análisis de la información recabada, el MNPT de la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Instituto Nacional Penitenciario y a los establecimientos penitenciarios supervisados realizar las acciones necesarias con la finalidad de cumplir las recomendaciones y de esta manera superar todas aquellas deficiencias encontradas, mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad y prevenir posibles actos de tortura u otros malos tratos.