Defensoría del Pueblo: deben investigarse presuntos actos de corrupción en contratación de hospedaje para pacientes con COVID-19

Nota de prensa
La Fiscalía Anticorrupción debe actuar de acuerdo a sus competencias por tratarse del presunto uso de recursos públicos.

Fotos: Defensoría del Pueblo

6 de febrero de 2021 - 3:15 p. m.

Nota de Prensa N° 176/OCII/DP/2021

La oficina de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho instó a la Fiscalía Anticorrupción de turno proceder conforme a sus atribuciones ante la denuncia difundida por un medio de comunicación, respecto a la firma de un contrato entre la Red de Salud de Huamanga y la empresa Kamic, por S/ 309 975, a fin de que brinde el servicio de hospedaje para el seguimiento de pacientes con COVID-19, pese a que no se siguió el procedimiento correspondiente.

Cabe indicar que la Red de Salud de Huamanga suscribió el Contrato N° 012-2020-GRA/DRSA/REDHGA/DE-DA de 24 de agosto de 2020 con la empresa Kamic, para que brinde el servicio de hospedaje de 4133 camas, entre septiembre y noviembre de 2020.

Al respecto, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, David Pacheco-Villar, detallo que a través del Informe Técnico N° 289-2020-GRA-GG-GRDS-DRSA RS HGA-DE-OA-UASA del 9 de noviembre de 2020, remitido por la Unidad de Abastecimiento de la referida red, se observó que se había informado al área de Administración de una serie de observaciones en la elaboración y suscripción del documento contractual.

“Entre las observaciones se concluye que el expediente de contratación no cuenta con el requerimiento y los términos de referencia suscritos, ni con la invitación al contratista; tampoco existe en la plataforma del Seace los informes técnico y legal, ni la resolución de aprobación del contrato. Por ello, la Unidad de Abastecimiento solicitó que se remita la información a la Dirección Ejecutiva y a la oficina de Asesoría Legal, para que se dispongan acciones pertinentes sobre este expediente de contratación”, sostuvo Pacheco-Villar.

La referida Unidad de Abastecimiento informó que la entidad dejó sin efecto dicho contrato, sin haberse pagado ningún concepto, y se suscribió uno nuevo el 24 de noviembre de 2020, reduciendo el monto contractual a S/ 180 000 y fijando nuevas condiciones cautelando el buen gasto público.

No obstante, tras la intervención defensorial, el director ejecutivo de la Red de Salud de Huamanga dispuso una investigación, pues no se hizo de su conocimiento el citado informe técnico elaborado por la Unidad de Abastecimiento que revelaba las referidas irregularidades.

Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho se mantendrá vigilante del resultado de las investigaciones, pues de concluirse que existen irregularidades, debe existir una sanción penal y/o administrativa para los responsables.