Defensoría del Pueblo: Fiscalía debe investigar caso de agresión verbal contra mujeres shipibas en Barranco

La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio Público iniciar una investigación penal tras los ataques discriminatorios vertidos el último viernes por una ciudadana del distrito de Barranco, contra un grupo de artistas de origen shipibo mientras realizaban el pintado de un mural con motivos indígenas en una de las calles del distrito.

Se trata de ocho integrantes del denominado “Colectivo Shipibas Muralistas”, quienes fueron víctimas de insultos y palabras soeces, por parte de una mujer cuya identificación ya fue establecida, quien habría dirigido las agresiones de tipo racista cuando las mujeres se disponían a pintar un mural con diseños propios de su cultura en la calle Domeyer del distrito limeño.

A través de un documento remitido a la Fiscalía Provincial Penal de Turno por el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo de Lima, Alberto Huerta, se puso en conocimiento la denuncia policial interpuesta el día del incidente por la representante del colectivo en la comisaría de Barranco, en la que se narra que los insultos discriminatorios habrían venido ocurriendo desde el inicio de la semana pasada.

Al respecto, el representante de la Defensoría del Pueblo recordó que el artículo 323° del Código Penal establece sanciones contra quienes incurran en actos discriminatorios por razones raciales, étnicas, religiosas o sexuales, cuando estos menoscaban el ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley.

Además, precisó que el artículo 2 la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce que los pueblos y personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos.

Cabe indicar que la Defensoría del Pueblo rechaza toda agresión de tipo discriminatorio contra cualquier persona o comunidad indígena, así como colectivo étnico o cultural que exista en el país. Las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional son las encargadas de investigar estos actos para establecer una sanción oportuna. En ese sentido, corresponde al fiscal de turno proceder de acuerdo a sus atribuciones a fin de que se actúe con celeridad.