Defensoría del Pueblo: Diresa Ica debe fiscalizar reparto de pulsioxímetros en establecimientos de salud de la región

Nota de Prensa N° 108/OCII/DP/2021

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica demandó a la Dirección Regional de Salud (Diresa) fiscalizar adecuadamente la entrega de pulsioxímetros que se viene llevando a cabo para el tratamiento de personas con síntomas leves de COVID-19, luego que se detectara que algunos establecimientos de salud de la región no habrían recibido dichos instrumentos.

Como se sabe, los pulsioxímetros son aparatos médicos cuya eficacia en la medición de la saturación de oxígeno en la sangre ha cobrado relevancia para identificar a personas sospechosas de ser portadoras del nuevo coronavirus. En agosto del año pasado, el Ministerio de Salud dispuso el envío de más de 1300 de estos equipos para la región Ica, a fin de que sean distribuidos a los distintos centros de salud y postas médicas con motivo de la emergencia sanitaria.

Sin embargo, personal de la oficina de la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión el 13 de enero último, en la que se pudo advertir que en muchos establecimientos de salud se desconocía sobre el ingreso de nuevos pulsioxímetros para atender a la ciudadanía. Esta situación pudo detectarse en los centros de salud de San Joaquín, Subtanjalla, La Angostura y Salas.

A raíz de ello, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica, Jorge Hernández, se dirigió al la Diresa y exhortó supervisar el proceso de reparto de los pulsioxímetros que se viene haciendo a favor de cada establecimiento de salud.

El representante de la Defensoría del Pueblo recordó que, según la norma técnica de salud aprobada por el Ministerio de Salud, los pulsioxímetros deben ser entregados en el domicilio de las personas con síntomas leves de COVID-19, previa firma de la declaración jurada por parte del paciente. En ese sentido, como parte del pedido, se le exigió también fiscalizar que los centros de salud hayan cumplido con entregar dichos equipos a personas afectadas por el coronavirus.

Hernández remarcó la necesidad de llevar adelante estas acciones de supervisión, luego que Ica fuera considerada recientemente entre las regiones con muy alto riesgo de contagio de COVID-19 en todo el país. “Resulta urgente adoptar medidas para controlar la expansión de la pandemia pero fiscalizando a su vez la labor de las entidades públicas”, subrayó.