Defensoría del Pueblo: urge activar el Consejo Regional de Educación en Ayacucho

Nota de Prensa N° 099/OCII/DP/2021

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho demandó a la Gerencia Regional de Desarrollo Social activar el Consejo Regional de Educación para poner en agenda multisectorial los problemas que aquejan a miles de estudiantes en la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Tras una supervisión defensorial realizada entre junio y agosto de 2020, se evidenció que 18 327 estudiantes que cursan la educación básica regular fueron excluidos del sistema educativo debido a dificultades de acceso a la estrategia educativa “Aprendo en casa” del Ministerio de Educación, ante la falta de conexión a Internet, radio o televisión.

Si bien esta cifra se redujo luego de que el Gobierno Regional implementara las recomendaciones defensoriales y que más de 60 instituciones educativas retornaron a clases semipresenciales de manera excepcional en zonas rurales, existe la necesidad de que el seguimiento a las mejores en conexión a internet, radio y televisión se haga de manera interinstitucional a través del Consejo Regional de Educación.

Cabe indicar que la falta de acceso a internet no es un problema que solo afecta a niñas, niños y adolescentes del nivel inicial, primaria y secundaria, sino también a las y los jóvenes, adultos e, incluso, personas adultas mayores que siguen estudios universitarios de pre y posgrado, o en institutos superiores.

Del mismo modo, durante esta semana, las y los estudiantes de las empresas que brindan el servicio de preparación para el ingreso a universidades y otras instituciones de nivel superior, conocidas como academias preuniversitarias, protestaron en las calles de la ciudad de Huamanga exigiendo la autorización para el retorno a clases semipresenciales, pese a las disposiciones dictadas por el Gobierno con motivo de la emergencia sanitaria en todo el país.

“Urge la creación de un espacio multisectorial regional que convoque a las instituciones educativas, colegios privados, academias preuniversitarias, universidades públicas, filiales de las universidades privadas, institutos de nivel superior y otros similares. Si bien desde la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza se ha trabajado la Mesa Temática de Educación, corresponde al Gobierno Regional articular y liderar el trabajo en defensa del derecho a la educación de la población estudiantil”, señaló el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, David Pacheco-Villar.

En este contexto de pandemia y crisis educativa, corresponde convocar no solo a la Dirección Regional de Educación y sus unidades de gestión educativa local, sino también a las asociaciones de padres de familia, Qali Warma, Instituto Peruano del Deporte (IPD) y gobiernos locales, especialmente, aquellos donde operan colegios, universidades e institutos de nivel superior privados. Asimismo, corresponde convocar a otras entidades que velan por los derechos de los consumidores de estos servicios educativos privados, como es Indecopi.

Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho permanecerá atenta a la activación del Consejo Regional de Educación, así como lo hizo con la Comisión Regional Multisectorial contra la Trata de Personas y las Instancias Provinciales de Concertación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del Grupo Familiar.