Defensoría del Pueblo: debe priorizarse a personas vulnerables al COVID-19 en comisarías de Junín

Nota de Prensa N° 084/OCII/DP/2021

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Junín demandó a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de dicha región disponer que los diferentes despachos realicen de manera inmediata y prioritaria las diligencias que resulten necesarias cuando personas en situación de riesgo frente al COVID-19, como las personas adultas mayores, se encuentren detenidas. Ello, a fin de resolver su situación jurídica, evitando dilaciones que los pueda exponer a contraer el virus.

Este requerimiento se realizó tras intervenir en el caso de una ciudadana de 79 años que fue detenida el pasado 11 de enero a las 9:45 a. m. en la comisaría Huayucachi por la presunta comisión del delito de usurpación. Si bien personal de la dependencia policial informó del caso a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, su declaración recién fue tomada al día siguiente a las 11:17 a. m. y su situación jurídica se definió recién a las 4:00 p. m. aproximadamente.

En ese sentido, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Junín expresó su preocupación por lo ocurrido y exhortó a la Fiscalía a evaluar la condición de vulnerabilidad de la detenida, a fin de adoptar las mejores decisiones considerando su situación de riesgo. Ante el requerimiento, la fiscal a cargo del caso indicó que se estaba procurando dar prioridad, pero que también tenían otros temas pendientes que atender. Empero, posteriormente, se emitió la orden de liberación de la detenida.

Al respecto, la institución recordó que la Constitución Política del Perú reconoce una especial protección a las personas adultas mayores, por lo que las políticas de Estado deben ser adaptadas para garantizar la prestación de programas y servicios que garanticen el goce y ejercicio de sus derechos bajo un enfoque que concibe a la persona mayor como sujeto de derecho. Así también, la Ley N° 30490 – Ley de la persona adulta mayor, tiene por objeto establecer un marco normativo que garantice el ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor, a fin de mejorar su calidad de vida y propiciar su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural de la Nación.

Adicionalmente se debe recordar que, en el marco de emergencia sanitaria, las personas adultas mayores, así como las personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes u obesidad, quienes tengan debilitado su sistema inmunológico y los que tengan patologías respiratorias crónicas, han sido considerados entre los grupos de personas más vulnerables al COVID-19, por lo cual se deben extremar las medidas de prevención a fin de cautelar su salud e integridad.

Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Junín recordó que los fiscales tienen autonomía funcional para el ejercicio de sus atribuciones, e invocó a utilizarlos para priorizar la atención de casos que incluyan a personas en situación de riesgo.