Defensoría del Pueblo: funcionarios del Gobierno Regional de Ica deben respetar deber de neutralidad

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica demandó al Gobierno Regional difundir las normas sobre el deber de neutralidad electoral que rigen sobre cualquier funcionaria o funcionario público en el actual contexto electoral, según las cuales toda persona que desempeñe función pública se encuentra prohibida de hacer propaganda a favor de alguna organización política o candidato.

El pedido fue efectuado tras conocerse que dos funcionarios del Hospital Regional de Ica, entre ellos el director de dicho nosocomio, habrían realizado propaganda política a favor de la candidatura al Congreso de la esposa del gobernador regional durante el horario de trabajo y utilizando para ello los estados de WhatsApp de sus respectivos celulares.

Al respecto, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica, Jorge Hernández, recordó al gobernador regional que las y los funcionarios y servidores públicos están obligados a guardar absoluta neutralidad en el ejercicio de sus funciones, por lo que se encuentran prohibidos de realizar propaganda política bajo cualquier medio durante el horario de trabajo, ya sea al interior de los locales institucionales o durante comisiones de servicio.

A través de dicho documento se precisó además que los alcances de estas medidas se encuentran claramente establecidas en las normas dictadas por el Jurado Nacional de Elecciones y por la Presidencia del Consejo de Ministros.

En ese sentido, solicitó al titular de la región recordar a todo el personal que labore en las entidades que se encuentran bajo los alcances del gobierno regional, la prohibición que existe de realizar cualquier tipo de propaganda a favor o en contra de determinada agrupación política o candidato, a fin de garantizar el deber de neutralidad en el ejercicio de la función pública.

Cabe indicar que la Defensoría del Pueblo ha venido supervisando en los últimos meses el cumplimiento de este deber por parte de las autoridades y servidores públicos, que tiene como objetivo garantizar el libre ejercicio del derecho al sufragio y los derechos de participación ciudadana.

En ese contexto, en noviembre último la institución comunicó que exhortó a los 19 ministerios del Poder Ejecutivo a adecuar sus normativas internas para dar cabal cumplimiento de este deber. Además, a través de las 38 sedes de la Defensoría del Pueblo se ha recomendado a los gobiernos regionales y a las municipalidades provinciales y locales a observar el cumplimiento de lo dispuesto en las normas electorales durante las elecciones generales del presente año.